MADRID - “¿Cuántas mujeres asesinadas más hacen falta para que alguien haga algo?” preguntan las representantes de la Asociación Ve-la Luz que desde el 9 de febrero están acampadas en la Puerta del Sol de Madrid. Y es que poco más de cincuenta días -del 1 de enero al 22 de febrero- se han confirmado 16 asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que tenían o habían tenido una relación sentimental. Esta cifra, que es la más elevada registrada en un periodo de tiempo similar en la última década, demuestra que las medidas implantadas hasta ahora no funcionan con suficiente eficacia y ha movilizado a las instituciones para buscar soluciones al grave problema de la violencia machista.
Muchas organizaciones sociales coinciden en que el asesinato de 16 mujeres en lo que llevamos de año -cinco de ellas murieron en tan solo cuatro días- ha dejado en evidencia los fallos del plan integral contra la violencia de género, la ineficacia de medidas como las órdenes de alejamiento y la persistencia de una mentalidad machista o patriarcal que perpetúa la desigualdad de la mujer respecto al hombre. Así, ante la alarma generada por el incremento de los asesinatos machistas, el Gobierno español anunció ayer la creación de dos órganos permanentes entre cuyas funciones estará la de profundizar en la formación de todos los agentes implicados en combatir la violencia de género en los ámbitos sanitario, judicial y fiscal; mejorar la prevención en las redes sociales, sobre todo de los menores; y revisar y actualizar los protocolos de actuación interministeriales vigentes.
Uno de los órganos, consistente en una mesa permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia machista, estará presidido por la delegada de Gobierno de la Violencia de Genero, el director general de Evaluación y Coordinación Territorial de Educación y el director adjunto operativo (DAO) de Interior. El otro, que estará presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, agrupará los cuatro ministerios (Interior, Justicia, Educación y Sanidad), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las autonomías por turnos de dos y los portavoces de los grupos parlamentarios, y se encargará de aplicar legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia creada en el Congreso. Este órgano mantendrá reuniones trimestrales en las que se elaborará un informe sobre la situación de la violencia de género, que se elevará a Consejo de Ministros.
Entre las misiones de estos nuevos órganos figuran la de evaluar la eficacia de las órdenes de protección y reforzar la de los niños, fortalecer las campañas contra la violencia de género previstas para este año, impulsar las denuncias externas para favorecer una detección precoz, analizar el riesgo en coordinación con las unidades de la violencia de género de las subdelegaciones y repasar las asignaciones presupuestarias a todos los niveles de la Administración.
El Gobierno español señaló ayer que cree que hay que “intensificar los trabajos de la detección precoz, la concienciación social y la visualización de esta lacra” y ayer reiteró que la lucha contra la violencia de género “es una cuestión de Estado y que toda la sociedad debe implicarse en romper el silencio”.
Por su parte, el Parlamento Vasco se ha sumado a la revisión de las medidas actuales y ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que en su calendario legislativo incluya la elaboración de una ley para “la erradicación de la violencia contra las mujeres”. En el pleno de ayer todos los grupos parlamentarios respaldaron una enmienda transada a una proposición no de ley de EH Bildu y destacaron la importancia del acuerdo para avanzar en la lucha contra la violencia de género, donde reconocen que queda mucho por hacer.
En el texto aprobado, la Cámara vasca reclama que se actualice el acuerdo institucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de la violencia en el ámbito doméstico y de la violencia sexual y una adecuación de los protocolos. También pide que se analicen los resultados de la evolución continua en la atención a las mujeres víctimas para identificar los “aspectos que requieren nuevas respuestas en el sistema de atención”.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, señaló que el pacto de Estado al que se han comprometido todos los partidos políticos “va a ser un antes y un después” “y un referente esencial para avanzar en igualdad y prevención en violencia de género”. “No es una cuestión sólo de los poderes públicos o las empresas, sino de toda la sociedad”, dijo la delegada, quien apostó por intentar conseguir “un tratamiento más adecuado en los medios para que eduquen en valores a los menores a través de sus imágenes”, tanto en los programas como en las series.
La fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín, destacó que “solo se vencerá la violencia de género si estamos todos unidos y lo tomamos con un problema propio”. En su opinión es necesario seguir avanzando en la protección de la víctima, en mejorar los mecanismos de protección y en tener más elementos de juicio para adoptar medidas de protección”.
En 2017. Según las cifras oficiales, ya son 16 las muertes por violencia machista (una de ellas en investigación) en lo que va de año, una cifra que convierte el inicio de 2017 en el peor periodo de la última década. En cuatro de los casos había denuncia previa.
Menores. La violencia machista también ha costado la vida a un bebé, cuyo padre se arrojó con ella en brazos por una ventana para hacer daño a su madre, y ha dejado otros seis menores huérfanos. Ayer se supo que un ciudadano español fue detenido en Alemania como presunto autor del asesinato de sus dos hijos, de 5 y 4 años.
En Euskadi. Según los datos proporcionados ayer en el Parlamento Vasco por Oihana Etxebarrieta, parlamentaria de EH Bildu, en Euskadi se presentan al día 11 denuncias de violencia machista.
“La violencia machista sigue siendo una realidad en nuestra sociedad, así como en nuestra juventud. Para hacerle frente es imprescindible no solo que los agresores se hagan responsables de sus actos, sino también que la juventud se posicione de forma activa contra el machismo.
Para los obispos, la “escalada” de la violencia es “una llamada a la responsabilidad”, por lo que instan a los ciudadanos a denunciar porque es “una obligación no solo cívica sino también moral”.
