Estas cifras, que son lo más parecido que hay a una contabilidad oficial de la pobreza y que ya resultan escandalosamente elevadas, se han quedado cortas tras un informe que cuestiona los indicadores oficiales y eleva el número de personas en situación de pobreza a 14,7 millones. Según Iñaki Permanyer y Pinar Köksel, del Centro de Estudios Demográficos de la UAB, los indicadores oficiales en los que se basan las estadísticas sobre pobreza y exclusión no reflejan fielmente “las notables transformaciones que han sufrido las distribuciones de los ingresos” durante “una de las crisis económicas más sobrecogedoras de las últimas décadas”. El trabajo de estos dos investigadores universitarios se suma a un debate que ya llevaba meses rodando en el ámbito de los estudios sobre políticas y necesidades sociales sobre la adecuada medición de los niveles de pobreza.

El trabajo del Centro de Estudios Demográficos señala que a pesar de “las notables transformaciones que han sufrido las distribuciones de los ingresos” en los últimos años, “sorprendentemente, las mediciones oficiales de la pobreza se han mantenido tercamente estables, oscilando ligeramente entre el 20% y el 21% entre 2004 y 2013, y repuntando tímidamente hasta el 22% en 2014”.

Pobreza relativa La explicación -dicen los autores- “reside, lógicamente, en la definición formal que los institutos de estadística utilizan para decidir quién es pobre y quién no lo es. Actualmente en los países de la UE se considera que una persona es pobre si su nivel de ingresos es inferior al 60% de la mediana de ingresos anuales del país correspondiente. Éste es un ejemplo de los llamados umbrales de pobreza relativos, que pretenden reflejar la importancia que los individuos otorgan a su posición relativa respecto de la sociedad. El gran problema de estas medidas es que como sólo tienen en cuenta la posición relativa de los individuos, independientemente de los niveles absolutos de ingresos, son insensibles a los períodos de expansión y contracción generalizados como los que ha pasado la economía española a lo largo de los últimos años”.

Así los investigadores proponen medir la pobreza empleando el umbral de renta del año 2009, tomando como referencia el nivel de vida en el inicio de la crisis. Al aplicar esta línea de pobreza “anclada” se constata que el número de pobres en el Estado español pasa de 10,2 millones de personas en el año 2010 a 14,7 millones en 2014, registrando un incremento absoluto de 4.587.980 personas y un crecimiento relativo del 45%. Este cálculo supone un importante incremento en el número de personas arrastradas a la pobreza por la crisis económica, ya que la aplicación del indicador AROPE daba unos resultados menos dramáticos: entre 2009 y 2014 el indicador ha subido 4,5 puntos porcentuales, hasta el 29,2%, lo que, expresados en términos absolutos, significa que en el coste social de la crisis deben incluirse un total de 2.111.017 nuevas personas que han pasado a estar en situación de pobreza y/o exclusión social.

En los últimos informes de diferentes organismos sobre la realidad económica y social de los ciudadanos españoles se viene cuestionando o advirtiendo de que los sistemas de medición de la pobreza se hacen a través de la renta de personas u hogares y que en los debates académicos es habitual discutir a partir de qué umbral o nivel específico de renta se puede hablar de pobreza.

Para calcular el número de personas en situación de pobreza se necesita previamente definir un criterio que separe a las personas pobres de las que no lo son. Aunque existen otros, el criterio más utilizado define un límite o umbral de ingresos por debajo del cual las personas son consideradas pobres. Éste umbral puede ser absoluto, como cuando la ONU afirma que más de 1.200 millones de personas viven con menos de 1,5 dólares al día, o puede ser relativo, cuando lo que se mide es el porcentaje de personas que tienen ingresos bajos en relación a los de la totalidad de la población. El conjunto de los países de la Unión Europea utiliza un umbral relativo que se define como el 60% de la mediana de la renta nacional equivalente. Así, aquellas personas que viven en hogares cuyos ingresos equivalentes son inferiores a esa cantidad son consideradas pobres. La utilización de umbrales relativos es útil porque permite reflejar en los datos de pobreza los distintos estándares de vida en cada uno de los países que componen la UE, pero plantea algunos inconvenientes cuando se trata de medir la evolución de la pobreza en un mismo territorio, ya que si la media de renta baja algunos colectivos pueden salir de la situación oficial de pobreza sin haber mejorado sus condiciones de vida.

Junto a este criterio general basado en la renta se han ido desarrollando otras formas de medir la pobreza y la exclusión que tienen en cuenta distintas dimensiones y conceptos, como la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos, el poder disfrutar de vacaciones, la frecuencia con la que se consume carne o pescado, etc.

En una publicación elaborada por EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, y dirigida a los voluntarios y trabajadores del tercer sector, se indica que “la mayoría de las definiciones coinciden en señalar la privación humana como determinante de la condición de pobreza. Sin embargo, las fuentes de la privación son muy diversas. En unos casos puede deberse a la carencia de recursos; en otros, a malas condiciones de salud, al territorio en el que se reside, a la no participación en actividades productivas o a otros condicionamientos socio-demográficos”. Según recuerdan los expertos, la progresiva utilización del término exclusión en lugar del de pobreza por parte de los organismos europeos comenzó a finales de los años 80 debido a la existencia de cierto consenso sobre la necesidad de superar la orientación economicista del concepto de pobreza. Y es que se consideraba conveniente utilizar índices que incluyeran la naturaleza multidimensional y dinámica del fenómeno.

Fuentes estadísticas Los investigadores sociales disponen de diversas fuentes estadísticas que permiten analizar la distribución de la renta y cuantificar el fenómeno de la pobreza y la exclusión social en el Estado español. De entre ellas la más utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso del País Vasco, contamos con la Encuesta de Necesidades Sociales-Módulo EPDS-Pobreza, del órgano estadístico del departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, y las estadísticas sobre hábitos sociales y renta y sobre protección social, del Eustat.

Las medidas de la pobreza utilizadas por el INE y por el organismo europeo Eurostat se basan fundamentalmente en dos indicadores: la tasa de pobreza absoluta y de pobreza relativa, y el indicador agregado que mide las personas que viven en situación o riesgo de exclusión y pobreza. Este último indicador tiene en cuenta tres criterios: renta, privación material severa e intensidad de trabajo.

Otra de las lacras sociales agudizadas en los últimos años y cuya medición y estudio es objeto de debate es la desigualdad. El objetivo es analizar la brecha que se abre entre la población con mayores niveles de renta y las personas con menos ingresos, así como estudiar su evolución en el tiempo y el impacto de determinadas políticas sociales. Según EAPN, la desigualdad se puede analizar en términos gráficos o a través de índices agregados de desigualdad, como la curva de Lorenz -como herramienta gráfica- y los dos índices de la Estrategia Europa 2020 utilizados por Eurostat: el coeficiente de Gini y la ratio S80/S20.