Las personas con discapacidad reclaman su derecho al voto

Ayer, dentro de la campaña iniciada para reclamar que las personas con discapacidad no se vean privadas automáticamente del derecho al voto por tener una sentencia de incapacitación, más de 500 personas se concentraron ante la sede del Tribunal Constitucional y pidieron un cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para evitar la discriminación que se produce actualmente.

Valeria García-Landarte, directora gerente de Fevas Plena Inclusión Euskadi, expresó la satisfacción de la organización por el apoyo y la repercusión social logrados con la concentración de ayer y explicó que “cuando una persona con discapacidad alcanza la mayoría de edad su entorno, generalmente la familia, gestiona la modificación de la capacidad legal de esa persona como medida de protección, pero este proceso conlleva como consecuencia muchas veces no deseada la privación del derecho al voto”. Esa privación puede ser revertida, pero da lugar a situaciones discriminatorias como la de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual a la que un juzgado le privó del derecho a voto tras hacerle un examen para probar sus conocimientos. Un caso que se vio agravado con la no admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado. “Lo que defendemos -señaló Valeria García-Landarte- es que votar es un derecho fundamental, que los ciudadanos tendrían que poder votar en todos los casos y que cuando la limitación de la autonomía sea tan alta que una persona no pueda votar, que se ajuste la situación al caso concreto, pero lo deseable es que todas las personas puedan votar”.

Discriminación Durante la concentración de ayer, la madre de Mara; Mar Caamaño, y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual miembro de Plena Inclusión, leyeron un manifiesto en el que denunciaban la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad al privarles del derecho al voto. Argumentaron que al resto de la ciudadanía no se le realiza un examen para determinar si cuentan o no con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad.

Las organizaciones convocantes destacaron que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado español en 2008.

Según expuso Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, “la experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad”. “Y en esta cuestión del derecho al voto -añadió-, el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”.

Valeria García-Landarte señaló que además de la reforma de la Ley electoral, desde Plena Inclusión también reclaman que los espacios, la información y los materiales relacionados con el proceso electoral mejoren la accesibilidad cognitiva, para facilitar el ejercicio de sufragio no solo a las personas con discapacidad intelectual sino también a otros colectivos que puedan tener dificultades. “En los casos en los que la persona con discapacidad intelectual tiene reconocido el derecho al voto se encuentra muchas veces con dificultades a la hora de comprender la información, por eso reclamamos que esa adaptación se realice de forma paralela al reconocimiento del derecho de sufragio”, indicó la directora gerente de Fevas Plena Inclusión Euskadi.