vitoria - El protocolo de actuación para prevenir y evitar que ningún inquilino de Alokabide “que sea deudor de buena fe” acabe perdiendo la vivienda avanza con nuevas herramientas que la Administración (en este caso el Gobierno Vasco en colaboración con Eudel) pone al servicio de la ciudadanía. Tal y como anunciaba ayer el consejero de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente, ya ha sido remitido a los ayuntamientos en los que hay presencia de pisos registrados en la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida (12.000 unidades) cuál debe ser la respuesta ante la amenaza de un desalojo.

El modus operandi es sencillo, dijo Iñaki Arriola. Los mecanismos previstos -y aprobados por Eudel este pasado 19 de enero- se activarán cuando Alokabide detecta una situación de riesgo. En ese momento se establecerá contacto con la Alcaldía correspondiente para comunicar los detalles del caso y que la corporación local designe a la persona (“generalmente de los Servicios Sociales”) que ejercerá como interlocutora para tratar de “buscar juntos una salida adaptada a las circunstancias de los afectados”, describía.

El citado protocolo preventivo reforzará además su naturaleza “garantista y de transparencia” ya que contempla la posibilidad de que antes de iniciarse el proceso judicial, una representación de Alokabide y el inquilino en cuestión (previo consentimiento expreso de este) establezcan comunicación con las plataformas sociales antidesahucio para que estén informados de primera mano “y puedan también participar en la búsqueda de soluciones”.

En cualquier caso, el consejero Arriola quiso dejar claro que “la inmensa mayoría de los arrendatarios” cumple puntualmente con sus obligaciones [de media, pagan 242 euros al mes de alquiler social].

“Y en los casos en que se detectan dificultades para el pago de la renta, Alokabide cuenta con un importante equipo en el área social que atiende a las personas e intenta buscar la solución, aplazando pagos o adaptando el alquiler a las circunstancias sobrevenidas”, expresó. En 2016 los desalojos por impagos injustificados y reiterados afectaron a 46 viviendas, el 0,38 % del parque de Alokabide. - J. Fernández