El gasto de Euskadi en RGI ha crecido más de un 12% en los últimos años

La decisión de incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función del índice de precios y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue adoptada el pasado fin de semana después de analizar varios informes sobre la conveniencia de actualizar las ayudas sociales con una referencia u otra y desde el mismo momento en que el Gobierno Vasco la hizo pública ha suscitado críticas. Frente a quienes acusan de “ruindad” y “oportunismo” al Gobierno Vasco por aplicar una subida aproximada del 1,5% -es la estimación para el cierre del IPC correspondiente a 2016- y no la del 8% aprobada para el SMI a partir de este mes de enero, el Ejecutivo autonómico argumenta que el objetivo que se plantea con la RGI es garantizar que las necesidades básicas de las personas perceptoras estén cubiertas y que se quiere incidir en su inserción laboral.

Desde el departamento de Empleo y Políticas Sociales señalaron que, “al igual que en el pasado ejercicio”, la subida de las prestaciones de acuerdo con el IPC se hace “con el fin de mantener las necesidades básicas previstas por la RGI” y puntualizaron que los efectos de este incremento tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2017. “Asimismo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco impulsará nuevos programas y recursos económicos de activación laboral que permitan la inserción al mundo del trabajo de quienes perciben la RGI evitando situaciones de cronificación y estimulando su incorporación al mercado laboral”.

Entre los planes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para mejorar el funcionamiento del sistema vasco de garantía de ingresos figura la presentación al Parlamento Vasco -prevista para dentro de cinco meses- de un informe sobre el diagnóstico específico de la RGI. El objetivo del informe es sentar las bases para un debate en profundidad que dé inicio a la revisión de la normativa reguladora.

Respecto a la propuesta del Gobierno Vasco para actualizar las prestaciones de la RGI en la misma medida que el IPC, fuentes del Departamento recordaron que los informes jurídicos realizados por Lanbide “avalan la decisión”, ya que, según estos informes, “no es una obligación legal indexar la RGI con el SMI”. En este sentido, el Real Decreto que publicó el BOE el sábado 31 de diciembre que establece una subida del 8% del SMI para 2017 indica que las ayudas públicas de comunidades autónomas y ayuntamientos que utilicen el SMI como indicador o referencia del nivel de renta quedan excluidas del incremento. Así, rentas mínimas, becas, ayudas para vivienda, prestaciones sociales, bonificaciones para ancianos o discapacitados son algunas de las prestaciones de las comunidades autónomas que quedan excluidas de la subida del SMI. Según los expertos, la traslación directa de este incremento a las ayudas autonómicas supondría un importante coste para las administraciones. Según los cálculos adelantados recientemente por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, los 40 millones de euros que supone una subida del 8% en la RGI “pondrían en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Trasladar el incremento del SMI a las actuales rentas de garantía de Ingresos supondría una subida mensual de entre 50 y 80 euros por perceptor.

el 4,5% del presupuesto Respecto a la inversión del Gobierno Vasco en ayudas sociales, las fuentes señalaron que “dentro de los sistemas que han integrado la protección social vasca en el año 2015, el Sistema de Garantía de Ingresos ha supuesto el 4,5% del total del presupuesto anual, siendo el que menos recursos ha consumido, pese a su crecimiento en referencia al Sistema de Servicios Sociales, que supone un 6%, al de Educación un 22% o al de Sanidad con un 30%. El gasto total en RGI, en la CAV, ha crecido año a año de forma heterogénea. En 2015 ascendió a 488.328.886 euros y en el periodo 2013-2015, creció un 12,2%”.

En la actualidad Euskadi es la comunidad autónoma que cuantitativamente más invierte en Rentas Mínimas de Inserción, alcanzando el 42% del total estatal. En los últimos ejercicios, el Sistema de Garantía de Ingresos ha atendido de media a más de 136.000 personas, en 65.000 unidades convivenciales, que representan el 74% de la ciudadanía vasca en situación de exclusión y que a su vez representan el 21,3% de las personas con carencias atendidas en todo el Estado español, mientras que los residentes en la CAV solo suponen el 4,7% de la población total del Estado. Según destacan desde el Gobierno Vasco, Euskadi es el territorio en el que las personas con carencias, reciben más recursos económicos: 1.868 euros/año de media, que son veinte veces más que en el conjunto del Estado español, con 102,9 euros/año de media. Euskadi dedica el 0,69% del PIB al abono de Rentas Mínimas de Inserción, un porcentaje que multiplica por siete la media estatal situada en el 0,10%.

Según un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social por comunidades entre los años 2009 y 2015, Euskadi registró un incremento del 41,12% durante ese periodo de tiempo, mientras que en el Estado español se aplicó un recorte medio del 11% en el gasto en servicios sociales.

El año pasado el número de beneficiarios de la RGI se redujo en 929 personas, hasta situarse en 63.797 perceptores en diciembre de 2016, según los datos facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Desde la cifra máxima de beneficiarios -66.373 personas- alcanzada en mayo de 2015, las unidades convivenciales que reciben una RGI se han reducido en 2.576.

Según los datos de Lanbide en diciembre de 2016, las prestaciones de RGI destinadas a unidades familiares sin ningún tipo de ingreso fueron 35.395, que son el 55,5% del total. Las prestaciones compensatorias de rentas de trabajo ascendieron a 12.504, el 19,5%, mientras que las dirigidas a completar las pensiones fueron 15.817, el 24,8% del total.

La edad media de las personas titulares de la RGI es de 48,98 años, aunque en el caso de las mujeres se eleva hasta los 51,2 años, mientras que en el de los hombres es de 46,1 años. Además, el 56,4% de los titulares de las RGI son mujeres, en total 35.951.

Según estos datos, el mayor número de beneficiarios de la prestación social tiene edades comprendidas entre los 35 y los 44 años (el 27,7%), seguido de quienes están entre los 45 y los 54 años (22,7%). Destaca el fuerte descenso de titulares de entre 25 y 34 años, con 825 personas menos en un año. Sin embargo, el intervalo de edad en el que más ha crecido el número de perceptores de RGI en 2016 es en el comprendido entre los 55 y 64 años, que suman 8.420 titulares, 626 más que en diciembre de 2015, lo que supone un aumento del 8%.

Recursos. Euskadi es la comunidad en la que las personas en exclusión reciben de media más recursos económicos: 1.868 euros/año, veinte veces más que en el conjunto del Estado español, con 102,9 euros/año.

Comparativa. El gasto mensual por cada titular de ayudas asciende en Euskadi a 438 euros, frente a los 284 de media del resto del Estado. La cifra vasca es superior a los 368 euros de Alemania y los 330 de Francia.

Sobre el PIB. Euskadi dedica el 0,69% del PIB al abono de Rentas Mínimas de Inserción, un porcentaje que multiplica por siete la media estatal del 0,10%.

929

El año pasado el número de beneficiarios de la RGI se redujo en 929 personas, hasta situarse en 63.797 perceptores.