VALENCIA. Los agentes han acudido esta mañana a las dependencias de Cheste después de que la pasada semana el juzgado que lleva la causa, el número 2 de Valencia, declarase el secreto de sumario de una las piezas separadas del llamado caso Valmor para recabar más documentación relacionada con la celebración de la prueba automovilística.
Desde la Generalitat han apuntado que facilitarán todo lo requerido a los agentes y han mostrado su colaboración para que se logren esclarecer los hechos investigados. Así mismo, esperan que esta actuación no empañe el Gran Premio que está previsto que se celebre este fin de semana en Cheste.
La investigación de la F1 se inició por una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia.
La pasada semana, el juzgado acordó el secreto de las actuaciones tras solicitar el fiscal nuevas diligencias que aconsejaba que no fuesen conocidas por las partes para evitar perjudicar a la investigación en curso.
En concreto, el ministerio público requería en esta nueva fase de la investigación más documentación relevante, como facturas e información contable, para el esclarecimiento de los hechos que se investigan sobre los premios de Fórmula 1 celebrados en el circuito urbano de Valencia entre los años 2008 y 2012. Tras ello, este mismo miércoles, la Policía se ha personado en Circuit del Motor a por documentación.
LA INVESTIGACION
La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".
