GASTEIZ. La propuesta del PP ha sido rechazada por el pleno del Parlamento por 64 votos en contra -los que suman el PNV, EH Bildu, PSE-EE y UPyD- y los diez votos a favor de los parlamentarios del Partido Popular.
Esta es la segunda propuesta de estas características que se rechaza en esta legislatura, después de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en su día también desde el PP, que fue debatida el año pasado.
Desde el PP se ha asegurado que su proposición no tiene el objetivo de "endurecer" los requisitos de acceso al sistema, sino "todo lo contrario". Además, los populares han insistido en la necesidad de combatir el "fraude" en el cobro de estas prestaciones, que afecta al 0,7 por ciento del volumen total de las ayudas, según los datos aportados por el propio Gobierno vasco.
"ELECTORALISMO"
El resto de grupos han rechazado los argumentos del PP, al que han reprochado su "electoralismo" por haber registrado esta iniciativa en mayo, sin tiempo para concluir su tramitación parlamentaria debido a la proximidad del final de la legislatura.
Asimismo, han coincidido en la necesidad de "mejorar" el sistema, pero han afirmado que el PP "miente" cuando dice que sus propuestas no son para "recortar" las ayudas. También han coincidido en reprochar a los 'populares' que insistan en la necesidad de combatir el supuesto fraude, pero que luego no incluyan medida alguna para ello en su iniciativa.
La iniciativa rechazada este jueves planteaba la necesidad de que los perceptores de la RGI, una ayuda, destinada a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, estén "disponibles" para realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
El texto planteaba que este requisito no se aplicaría a los pensionistas o con invalidez "absoluta", a los menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados ni a las personas que, a juicio del Servicio de Empleo Vasco-Lanbide, "no se encuentren en situación de llevar a cabo" este tipo de tareas en beneficio de la comunidad.
La propuesta del Partido Popular planteaba excluir de la RGI a las personas sin permiso de residencia. Además, proponía -como norma general-- elevar de tres a cinco años el requisito general de antigüedad de empadronamiento en Euskadi para poder acceder a estas ayudas.
ANTECECENTES
El Partido Popular reclamaba que se excluya de estas ayudas a las personas con antecedentes penales por determinados delitos, como los relacionados con el terrorismo, homicidios, contra la libertad sexual, contra el patrimonio, contra la salud pública y por maltrato, entre otros.
Por otra parte, se exigía que los beneficiarios de estas prestaciones presenten mensualmente "los documentos que justifiquen, mediante ingreso bancario, los pagos de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual.
Otro de los puntos de la proposición de ley estaba destinado a permitir que las personas que, además de su vivienda habitual, tengan otros inmuebles "de escaso valor" puedan acceder a las ayudas.
El Partido Popular proponía también que no se consideren rendimientos computables a la hora de acceder a la RGI los préstamos bancarios obtenidos "para el desarrollo de una actividad empresarial o profesional percibidos en los 24 meses anteriores al cierre o cese de dichas actividades". Asimismo, el PP planteaba incluir un subsidio complementario para los pensionistas "que no puedan hacer frente a facturas" de luz o gas.
"LOS QUE DEBEN ESTAR"
La parlamentaria del PP Laura Garrido ha asegurado que su iniciativa pretende "reforzar" el modelo y garantizar "que estén en el sistema aquellas personas que realmente deben estar". Garrido ha reiterado la necesidad de combatir las situaciones "abusivas" detectadas en los cobros y pagos de estas ayudas.
Por parte del PNV, Amaia Arregi ha recordado que el Gobierno vasco ya ha puesto en marcha medidas para "mejorar" la gestión del sistema. En todo caso, se ha mostrado dispuesta a analizar las propuestas orientadas a reforzar la eficacia del modelo actual, aunque ha rechazado introducir "recortes" como -según ha dicho- pretende el PP.
"POPULISMO"
La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha coincidido en que el objetivo del Partido Popular es "recortar" la RGI, y ha destacado que los populares centren sus propuestas en endurecer los requisitos de acceso a las ayudas pero no planteen medida alguna contra el supuesto fraude. Además, ha recortado que las irregularidades en estas ayudas se cifran en un uno por ciento, mientras el fraude fiscal "supera" los 2.000 millones anuales en Euskadi.
Jose Antonio Pastor, del PSE, ha denunciado que el Partido Popular ha demostrado de forma "machacona" que su objetivo es "recortar" el sistema de ayudas sociales. Pastor, además, ha cuestionado la constitucionalidad de excluir de la RGI a las personas condenadas que hayan cumplido sus penas, y ha reprochado al PP que no plantee quitar estas ayudas a las personas con antecedentes por delitos de corrupción.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha censurado el "populismo" y las intenciones "electorales" del PP al que ha invitado a centrarse en la persecución del fraude relacionado con los casos como los de su supuesta financiación ilegal o las tramas 'Gürtel' o 'Púnica'. Maneiro ha recordado que según un reciente informe, el coste de la corrupción y la mala gestión en España es de unos 48.000 millones de euros anuales.
