Gasteiz - El Gobierno Vasco promueve desde hace años programas para lograr la inserción plena en la sociedad de las personas que han pasado por la cárcel y que tras su reclusión deben encontrar un empleo, acceder a recursos comunitarios o hallar un lugar para vivir. Este año esas actividades de apoyo se amplían también a quienes han sido condenados pero no han ingresado en prisión, y que verán su pena sustituida por la participación en alguno de los programas de reinserción sociolaboral. Este ejercicio el Gobierno Vasco destinará medio millón de euros a subvencionar los proyectos dirigidos a la población reclusa y penada en Euskadi con el objetivo de facilitar su inclusión minimizando las consecuencias del internamiento. La cuantía correspondiente se ha incrementado 100.000 euros con respecto al año pasado, para incluir en estas ayudas, por primera vez, a las personas penadas pero cuya entrada en la cárcel no se ha producido y está condicionada al seguimiento de algún curso o actividad.

Según explicó ayer Administración Pública y Justicia, a las ayudas de 500.000 euros aprobadas “pueden optar todas las entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con domicilio fiscal y social en la CAV y que sean entidades colaboradoras del Servicio Vasco de Gestión de Penas del Gobierno Vasco. Cada una de las entidades que se acoja a este programa podrá presentar hasta tres proyectos que recibirán un máximo de 80.000 euros. El objetivo de este tope máximo es realizar un reparto lo más amplio posible para la consolidación de una red de recursos que propicie la reinserción de este colectivo. Todos los proyectos subvencionables deberán estar relacionados con: salidas programadas, recursos residenciales y de alojamiento, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación y centros de orientación para el empleo”.

Los proyectos que recibirán la financiación de la administración vasca serán escogidos por una comisión de valoración integrada por los directores de los centros penitenciarios de Araba, Basauri y Martutene. Esta comisión analizará los proyectos presentados y determinará el reparto de las subvenciones. Se valorará de manera especial a las entidades premiadas en el ámbito de los derechos humanos, los proyectos que permitan a las y los presos acceder a regímenes de vida fuera de la prisión y los que que se dirijan a colectivos de difícil inserción. Administración Pública y Justicia destacó que, pese a no contar con la transferencia de la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitencias y de reinserción social, impulsa programas de reeducación y formación laboral de las personas presas desde el 2000, por lo que acumula una amplia experiencia. Desde ese año, Lakua ha invertido 6,1 millones de euros en estos programas porque considera que “contribuyen de manera muy eficaz a la reinserción plena en la sociedad de las personas presas como activos sociales”. Según Manuel Valín, director de Justicia, “estos programas, pioneros en el Estado, se alinean con el marco normativo europeo que apuesta por la mejora de los servicios penitenciarios y de los programas de reeducación y reinserción social”.

En 2015, fueron 1.201 hombres y 185 mujeres los participantes en los 40 proyectos de reeducación y reinserción social. Entre los programas, llevados a cabo por 31 entidades de la red vasca que trabaja a favor de la reinserción sociolaboral de las personas presas, hubo proyectos de salidas programadas y campos de trabajo, de recursos residenciales y alojamiento, de deshabituación para drogodependientes, de centros de formación y capacitación, y de centros de orientación y acompañamiento para el empleo. - B. Sotillo