Gasteiz - El Gobierno Vasco ha tramitado en el primer trimestre 57 demandas de desahucio de viviendas públicas de alquiler debido principalmente al impago sistemático y no justificado de la renta, lo que motivó el desalojo de dos pisos y la entrega voluntaria de las llaves por un tercer inquilino. Así consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, al socialista Bixen Itxaso, en la que precisa que en la mayoría de los casos el expediente se inicia raíz del impago habitual del alquiler por causas no justificadas.
Es decir las demandas se presentan al constatar que un inquilino cuenta con ingresos suficientes pero no los destina a pagar de la renta y también cuando percibe subsidios para abonar el alquiler pero usa este dinero para otros fines. De las 57 demandas de desalojo tramitadas entre enero y marzo, 19 corresponden al parque de viviendas propiedad del Gobierno Vasco, 16 a la sociedad pública Alokabide (que gestiona la vivienda en régimen de alquiler protegido) y las 22 restantes a Bizigune, un programa que depende de Alokabide para captar pisos vacíos y ponerlos en alquiler protegido.
De las 19 demandas de los pisos del Gobierno Vasco, una terminó en un desalojo que tuvo lugar en abril en Gasteiz, mientras que el resto están en tramitación.
En el caso de las 16 de Alokabide, no se ha producido ningún desahucio, aunque un inquilino entregó las llaves voluntariamente. Los 15 expedientes restantes aún no han concluido su tramitación. En cuando al programa Bizigune, solo uno de los 22 procedimientos de desalojo ha terminado en desalojo, que se hizo efectivo el mes pasado en Amorebieta.
En otra respuesta parlamentaria también a Bixen Itxaso, el consejero informa de que en el primer trimestre del año la Inspección de Vivienda Protegida ha tramitado 2.419 expedientes, la mitad en Bilbao y Gasteiz. - Efe
