Parece que un grupo de estudiantes de la Escuela de Magisterio de la línea de castellano está en pie de guerra porque les exigen tener el título B2 de euskera al finalizar el grado. ¿Qué le parece la protesta?
-Es bueno que existan protestas siempre que puedan tener un recorrido dentro de los cauces existentes. Lo que ocurre en este caso es que Magisterio es una titulación que tiene carácter profesionalizante y, por tanto, como otras muchas carreras se rige por unas órdenes ministeriales que establecen los distintos contenidos y, también, requisitos lingüísticos.
Y en Magisterio ¿qué establece la orden del Ministerio?
-Exige un C1 de castellano, un nivel de la lengua cooficial de la comunidad en la que se estudia la carrera y, también, un nivel de inglés. Estos requisitos se incluyeron en los grados de la Escuela Universitaria de Magisterio que presentamos a las agencias de evaluación del Estado (Aneca) y de Euskadi (Uniqual, Unibasq ahora) antes de su autorización. Nuestras titulaciones, tanto Educación Infantil como Educación Primaria, pasaron el examen sin ningún tipo de propuesta de modificación por parte de las dos agencias. Además, cuando un estudiante se matricula en nuestra universidad conoce el plan de estudios, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que se le exige.
Es decir, que estos requisitos lingüísticos no son cosa suya, responden a normativa básica del Estado y operan del mismo modo en cualquier otra comunidad bilingüe.
-Eso es, es así en cualquier comunidad autónoma que tenga otra lengua oficial distinta del castellano.
Estos estudiantes denuncian “discriminación lingüística” porque, dicen, solo hay esta exigencia lingüística en Magisterio. ¿Se les está discriminando realmente?
-Bueno, también se exige un nivel de inglés para estudiar en la Facultad de Económicas y Empresa, por ejemplo. Entonces no es una discriminación lingüística. Es una formación adecuada para alguien que pretende convertirse en un profesional de la enseñanza que, estamos convencidos, debería ser trilingüe. Por tanto, yo no veo dónde hay una discriminación.
¿Qué le parece que un o una universitaria de 20 años que estudia en la universidad pública vasca y que pretende dedicarse a la enseñanza aquí o fuera se niegue a sacar un título tan básico de euskera como el B2, que es el equivalente al First en inglés?
-Los idiomas son siempre una ventaja, nos acercan a las culturas, son una herramienta para la convivencia. Y me parece que en el caso de un estudiante que quiere ejercer la profesión de maestro o maestra en nuestro país es fundamental y absolutamente necesario que tenga un nivel de euskera e inglés. Los idiomas no deben ser nunca objeto de pelea.
Algunos estudiantes vascos y de otras comunidades dicen que se sienten obligados a estudiar en otra universidad de fuera. ¿Le sorprende esto, le constan estos abandonos?
-La proporción de estudiantes de fuera en la Escuela de Magisterio se puede contar con los dedos de una mano. Y sí, me sorprende que ahora utilicen ese argumento cuando sabían el plan de estudios desde el primer día. Cuando alguien viene a estudiar Magisterio a esta universidad sabe que se le va a pedir el B2 de euskera y un nivel de inglés aunque estudie en castellano.
De hecho, la historia se repite. En 2011 hubo una protesta idéntica.
Sí, este es un tema recurrente que suele aparecer casi todos los años. Y siempre damos la misma explicación. Por eso digo que protestar está bien, pero su recorrido es el que es porque nosotros no podemos cambiar el contenido de la orden ministerial ni los dictámenes de la Aneca y Uniqual que autorizan los grados.
Más allá del imperativo legal, usted defiende por convencimiento que un aspirante a docente tenga un nivel mínimo de euskera.
-Evidentemente. Creo que un profesional de la enseñanza en el País Vasco debe tener un conocimiento del euskera y castellano e inglés.
¿Cree que puede existir la tentación de usar esta “discriminación lingüística” como baza política?
-Es posible que en ciertas esferas se pueda intentar y desearía que no fuese así. Pero antes de hacerlo les pediría que se lean la orden ministerial aprobada por el Gobierno español.