BILBAO. Ehige ha presentado hoy sus propuestas para lograr un sistema educativo que incluya a los alumnos inmigrantes, tras la aprobación en el Parlamento vasco de una propuesta que insta al Gobierno vasco a realizar un plan estratégico sobre este asunto para la escuela pública vasca.
Carlos López (presidente de Ehige), Imanol Zubizarreta (coordinador de Baikara) y Reyes Lengaran (coordinadora de BIGE), han puesto cifras al desequilibrio entre las redes y centros educativos de la CAV a la hora de escolarizar al alumnado inmigrante.
Siempre ha habido mayoría de alumnos inmigrantes en la escuela pública, pero en los últimos años esa tendencia se ha agravado: en en el curso 2010-2011, el 69,7 por ciento estaba en la pública y el 30,2 en la privada.
En el curso actual, el 74,1 por ciento está en la primera y en 25,8 por ciento en la segunda.
El aumento ha llevado a que actualmente haya 62 centros públicos en Euskadi con más de un 20 por ciento de alumnado extranjero. Los casos de concentración más graves, "con el riesgo de que se conviertan en guetos", se dan en Gasteiz, con varios colegios que concentran el 95 por ciento del alumnado inmigrante.
Los representantes de Ehige han matizado que en la privada hay diferencias, ya que mientras que en los centros de Kristau eskola (católicas) sí asisten alumnos inmigrantes, aunque mucho menos que en la pública, en las ikastolas privadas apenas los hay.
Los padres y madres consideran que la escuela concertada, financiada con recursos públicos, debe cumplir con su obligación y admitir a alumnos inmigrantes, y el departamento de Educación "se lo debe exigir".
Para ello, han propuesto una serie de medidas, entre ellas la citada revisión de modelo de conciertos educativos con el que financia la red privada, de manera que se reduzca el importe de los recursos destinados a aquellos centros "que no se implican en el objetivo de conseguir una escuela equitativa e inclusiva y destinar esos mismos recursos a aquellos centros que sólo están comprometidos en hacer realidad estos principios recogidos en la legislación".
Otras propuestas son crear una oficina única de matriculación en cada territorio, o la modificación del baremo que da prioridad a las rentas familiares bajas, la participación de familias y sindicatos en las comisiones de escolarización, o mejorar la estabilidad de los equipos docentes.
Ehige ha rebatido los argumentos utilizados desde la concertada para no admitir más alumnos inmigrantes, como el respeto al derecho de las familias a elegir centro y que las familias inmigrantes prefieren aquellos centros donde hay más familias de su origen.
Para Ehige, "la libertad de elección no debe convertirse en coartada para la segregación. Hay que respetar el derecho a elegir centro, pero podemos preguntarnos si todas las familias son igualmente libres para elegir cuando hay muchos centros que cobran cuotas que no todas pueden pagar, y otros centros que ponen trabas basadas en la religión profesada".
Ehige considera "imprescindible el control por parte de la Administración del cobro de las cuotas obligatorias a las familias y de los procedimientos de información a las familias en los periodos de matriculación que se realizan desde los centros concertados".
La conclusión de Ehige es que solicita que se tomen "medidas eficaces y reales para que todos los centros educativos financiados con fondos públicos se impliquen en la integración en las mismas aulas del alumnos de distinto origen".
