Bilbao - Las familias se sienten “estafadas” e “indefensas” después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) haya destapado el apaño de las empresas de catering que desde 2003 se han repartido y pactado al alza los precios de los menús escolares, lo que ha “perjudicado la calidad del servicio y el bolsillo de las familias”. La Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) ha aprovechado el escándalo generado por la histórica multa de 18 millones de euros impuesta por la AVC a las ocho empresas de restauración para volver a exigir al Departamento de Educación un cambio en la normativa que posibilite la gestión directa de los jantokis, esto es, que se pueda cocinar en los colegios.

También piden que el curso que viene los centros escolares que sigan con el catering puedan elegir con libertad la empresa suministradora y la creación de una Comisión de Comedores en la que, junto a la Administración y otros agentes, las familias tengan voz y voto. “No nos estamos inventado nada, es algo que ya se hace en otras comunidades con total normalidad”, afirmó ayer la portavoz de Ehige Lurdes Imaz.

No es nueva la reivindicación de un modelo que posibilite la convivencia del catering con comedores autogestionados concebidos como un espacio educativo más del centro que introduzcan productos de temporada y ecológicos y promover así la economía local. Sin embargo, hasta la fecha Ehige solo ha logrado el apoyo del Parlamento Vasco que en 2014 exigió a Educación que impulsase experiencias piloto siguiendo este modelo de jantoki sostenible. Dos años después, aquella petición continúa sin materializarse debido a “las trabas” del propio Departamento “que exige a las escuelas las mismas condiciones de higiene, instalaciones, seguros que a una multinacional”, censuró Imaz.

Para las Ampas la situación de monopolio continuada denunciada por Competencia y el hecho de que las nuevas adjudicatarias del servicio de comedor sean las mismas empresas que lo prestaban hasta ahora demuestra que la perversión de la cuestión radica en el propio modelo de gestión de los comedores escolares. Durante la rueda de prensa celebrada ayer en Bilbao, los representantes de Ehige apuntaron directamente a los departamentos de Educación de los sucesivos gobiernos (liderados por EA, PSE y PNV) como responsables de la creación de un sistema que “ha empeorado la calidad del servicio y ha supuesto un sobrecoste para las familias y para la sociedad en general”.

Según denunciaron, las familias han visto incrementadas sus cuotas un 30% los últimos seis años como consecuencia del reparto del mercado acordado por las empresas que acudían a las adjudicaciones de los lotes por el precio máximo. “No es que lo digamos nosotros, sino que lo dice la propia Competencia”, señaló Imanol Zubizarreta, presidente de las Ampas de Gipuzkoa (Baikara). En su resolución la AVC denuncia que la práctica fraudulenta ideada por las empresas de restauración para imposibilitar la competencia y alterar los precios “ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia”. De 2003 a 2015 el Departamento de Educación consignó en los presupuestos un total de 781 millones de euros para ofrecer los menús en los comedores, de los que solo abonó 273 millones porque el gasto del servicio está cofinanciado al 65% por las familias.

En opinión de las Ampas de la red pública, la sustitución de los comedores autogestionados por el modelo de catering en el año 2000 combinada con “una falta de control continuado” por parte de la Administración “ha posibilitado el fraude denunciado por la Autoridad Vasca de la Competencia”. Por eso exigieron al Gabinete que dirige Cristina Uriarte que “establezca mecanismos de control necesarios” para que la multa no revierta en la calidad del servicio que siguen prestando las mismas empresas y que se invierta en los jantokis el importe de la sanción. Por otro lado, solicitaron al Gobierno Vasco y a las entidades competentes que investiguen el caso y analicen la posibilidad de llevar ante los tribunales a las empresas de restauración sancionadas.

18 millones de multa En total la multa asciende a 18 millones de euros. Auzo Lagun S.Coop deberá abonar 6,1 millones de euros; Cocina Central Goñi S.L: 522.879 euros: Cocina Central Magui S.L.: 775.827 euros; Eurest Colectividades S.L.: 6,6 millones de euros; Eurest Euskadi S.L: 135.497 euros; Tamar Las Arenas S.A: 1,1 millones de euros; Gastronomía Cantábrica S.L:1,6 millones de euros: Gastronomía Vasca S.A: 1,5 millones de euros.

Según Imaz, la situación generada debería llevar a un cambio de la normativa de los comedores porque “no responde a las necesidades de las familias y el alumnado y ha convertido la alimentación de nuestros hijas e hijos en un negocio”. Ehige quiere un modelo flexible para que “cada comunidad escolar pueda elegir su propio modelo y que la Administración le dote de las infraestructuras y las condiciones necesarias para poder llevarlo a cabo”. En definitiva, las familias de la red pública vasca reclaman al Departamento de Educación poder tener capacidad de decisión en todo cuanto que tiene que ver con la alimentación de sus hijos e hijas, como la revisión de los espacios, los horarios, los ratios o cuestiones más mundanas, como adecuar el servicio a la edad de los comensales.