Pannagh recurrirá la condena del Tribunal Supremo

Bilbao - Los hechos probados [los que en un juicio son reales y demostrados] concluyeron que Pannagh, la Asociación de Usuarios de cannabis, es legal, sin ánimo de lucro y que el cultivo y consumo se hacía en circuito cerrado entre sus trescientos socios. Por eso mismo fueron absueltos en 2015. Sin embargo, no parecen haber sido argumentos de peso para el Tribunal Supremo que ha invalidado el auto exculpatorio dictado por la Audiencia de Bizkaia e impone a cuatro miembros penas de prisión de hasta 20 meses y 250.000 euros.

El Alto Tribunal les condena ahora -tras haber “alterado el relato de los hechos probados”, denuncian desde Pannagh- al entender que “existía riesgo potencial” de que se produjera alguna venta fuera de la asociación y, en consecuencia, un enriquecimiento. Dos cuestiones que no han sido demostradas en el fallo del TS que, tal y como denunció ayer el presidente de esta asociación, Martín Barriuso, destila intencionalidad “política” en la misma proporción que “irregularidades y defectos de forma”.

Por ejemplo, el 95% del texto legal es “copia literal” de sentencias contra las asociaciones Ebers y ThreeMonkeys, con los consiguientes errores en cuanto al número de socios y al contenido de los estatutos de Pannagh; por no hablar del cálculo realizado para fijar la cuantía de la multa, que debería haber sido un 30% inferior.

Pero sobre todo, abre la puerta a próximas intervenciones judiciales de carácter más general contra los clubes sociales de cannabis o, por ejemplo, legislaciones progresistas como la que verá la luz antes de que finalice esta legislatura en la CAV. En definitiva, resumió, una finalidad “ejemplarizante” que busca “criminalizar” a las plataformas que promueven modificaciones normativas para regularizar el consumo responsable y la reducción de riesgos y daños.

Los socios de Pannagh sospechan que esta sentencia va más allá de la actividad legalizada de la asociación. En palabras de Barriuso, la condena “penaliza a quienes han luchado para lograr cambios legales que permitan la legalización del cannabis y evidencia una conjunción de esfuerzos entre el Plan Nacional de Drogas del Gobierno, la Fiscalía y el Supremo” para impedir cualquier reforma del Código Penal en ese sentido. Las numerosas personas que ayer dieron su apoyo a Pannagh coincidieron en subrayar los tintes políticos de la sentencia.

Así lo expresó Ramón Morcillo, portavoz de la plataforma Regulación Responsable, quien insistió en que “se pretende acallar a base de miedo y represión un movimiento social pacífico y democrático que defiende aspiraciones legítimas, compartidas por una mayoría de la sociedad en el Estado español”. Un reciente estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) subrayaba que las posturas más represivas (las que consideran fuera de la ley a los clubes sociales de cannabis) solo suponen el 8,3%. “Les condenan de forma desproporcionada para que a nadie se le ocurra seguir su ejemplo”, insistió.

Celina Pereda, exdirectora de Drogodependencias del Gobierno Vasco, presente ayer, también quiso destacar la labor realizada por Pannagh y su colaboración con las instituciones (desde 1997) “para buscar objetivos comunes tales como la prevención o la reducción de daños. Es incomprensible que precisamente aquellos que trabajan en alternativas factibles sean perseguidos y condenados de forma tan brutal”, calificó.

Por todo ello, Pannagh anunció ayer la presentación de un incidente de nulidad de esa sentencia del TS y que, de no prosperar recurrirán ante el Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “hasta agotar toda la vía judicial” para conseguir “que la sentencia no se ejecute”, zanjó Barriuso.