vitoria - No es un problema restringido a la geografía vasca. De hecho, las fiscalías de Jaén, Soria o La Rioja también han puesto en duda el correcto funcionamiento de los dispositivos telemáticos (pulseras, brazaletes o tobilleras) que controlan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y alertan a la víctima de malos tratos -y a la Policía- cuando el agresor rompe el cordón de seguridad. Y es que, según subrayó ayer Josu Izagirre, fiscal jefe de Araba, la fiabilidad de estos sistemas de protección -a fecha de hoy están activadas en la CAV 31 pulseras telemáticas- queda en entredicho en localidades pequeñas [la distancia de 500 a la que se activan es más apta para grandes núcleos] y debido a otros problemas técnicos que hacen que la alarma salte casi de forma ininterrumpida, lo que afecta al estado anímico y psicológico de la víctima de violencia de género.

La consecuencia directa, lamentaba, es que muchas mujeres renuncien a su uso porque “causan más problemas de los que solucionan”, manifestaba Izagirre, quien reconoció que a sus despachos han llegado protestas alertando sobre este asunto. “Mire usted -describía- yo tengo un aparato que tengo que llevar encima conmigo que salta cuando mi agresor en realidad no está cerca de mí y lo que hace es causarme una ansiedad suplementaria a esta situación de ansiedad que tengo yo debido al acoso por parte del agresor”.

Esta grave realidad no ha pasado desapercibida para la Fiscalía vasca en su conjunto que en su compilación de datos correspondientes al año 2014 deja testimonio por escrito del hecho al denunciar la detección de problemas para la vigilancia y control de las órdenes de protección derivados del funcionamiento de estos dispositivos. La no utilización de los mismos, subrayaba ayer Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, “no viene por un recelo de por parte de los jueces o los fiscales sino de las propias víctimas”. Y así queda patente en una de las conclusiones de esa Memoria de la Fiscalía cuando se confirma que en más de una ocasión “han sido las propias víctimas las que con posterioridad a acordarse la implantación del medio telemático, han solicitado su retirada o supresión dado que les produce un estado de constante ansiedad y temor dado que se activan con frecuencia sin que el imputado o condenado quebrante la prohibición de aproximación”.

Y, como argumentó Calparsoro, si esa persona renuncia a portar consigo las veinticuatro horas del día ese dispositivo “no podemos obligar”. El propio fiscal superior llamaba la atención sobre este asunto al recordar cómo de las tres mil pulseras existentes en el Estado español sólo alrededor de 700 están activadas a pesar del significativo desembolso económico (18 millones de euros) que se hizo durante el gobierno Zapatero. Las dos comunidades que menos aparatos de estas características tienen son la CAV y Catalunya, apostilló Izagirre.

Otros servicios El fiscal jefe alavés recalcó, en este sentido, que estas pulseras, brazaletes y tobilleras se han quedado obsoletas con el paso del tiempo. Eso sí, tal y como puntualizaron tanto Izagirre como Calparsoro, cuando una víctima rechaza estos dispositivos, se activan otras medidas de protección como, por ejemplo, la escolta y contravigilancia [casi un centenar en 2013] por parte de agentes de la Ertzaintza o la entrega de un teléfono Bortxa [en febrero del año pasado estaban activados 947 de estos terminales] que permite una conexión directa y de urgencia con la Comisaría en caso de peligro.

De hecho, la Fiscalía de Gipuzkoa hacía hincapié en que la figura más habitual con la que se han encontrado durante 2014 es la de desobediencia o quebrantamiento de condena o medida cautelar. “Es habitual que el imputado no respete la orden de alejamiento dictada por el juez de instructor o sentenciador, entrando en zona de exclusión, o en otros casos descargue la batería del dispositivo-pulsera que porta”, exponían. Tal es la situación que el año pasado se abrieron diligencias de investigación “en caso de incidencias relacionadas con esos dispositivos, al objeto registrar y guardar todas las comunicaciones del Centro Cometa, encargado de los dispositivos, que indiciariamente revisten caracteres de delito”.

En 2014 la fiscal especialista en violencia sobre la mujer registró 17 diligencias de investigación por quebrantamiento de condena o de medida cautelar y 103 por posible delito de desobediencia, cifras similares a las registradas en 2013. Todas ellas, se subraya en el informe, “culminaron con la correspondiente denuncia ante el juzgado de instrucción competente territorialmente”. A la Ertzaintza, como a otros cuerpos policiales, le compete actuar cuando la central de alarmas detecta y comunica un incumplimiento en el mantenimiento de la distancia establecida por sentencia.

Retirar la denuncia En este sentido, la Memoria de la Fiscalía constata que la Ertzaintza realiza “una diligente y eficaz labor en orden a la protección de las víctimas” gracias al contacto directo, con entrevistas tanto con el agresor como con la víctima para conocer sus hábitos, residencia, lugar de trabajo, rutinas, “y sobre todo la problemática violenta de ambos? todo ello para una mayor y eficaz protección de la víctima”.

Con todo, a pesar de los medios y recursos judiciales y policiales dispuestos para abordar los episodios de violencia de género, la Fiscalía vasca lamenta que si bien había aumentado el número de víctimas que se personaban en la causa como acusación particular, “una vez llega el acto de juicio, se apartan de la misma” y optan por no declarar contra su presunto agresor.

Según los datos estadísticos recogidos en esa Memoria de la Fiscalía, el año pasado se produjeron en la CAV un total de 3.982 procedimientos por lesiones en el ámbito doméstico y de género, 400 por delitos de amenazas domésticas y de género, 211 por delitos de coacciones y otras 154 por delitos de malos tratos, detalló ayer el fiscal superior del País Vasco.

31 pulseras

Las pulseras sirven para comprobar telemáticamente que se cumple la distancia de seguridad legalmente establecida entre víctima y agresor. La competencia sobre estos dispositivos corresponde a la Administración de Justicia, siendo una central de alarmas dependiente de la misma quien se encarga de su gestión. A fecha de hoy están activadas en la Comunidad Autónoma Vasca 31 pulseras.

Territorios Históricos

Bizkaia16

Gipuzkoa11

Araba4

“Se detectan problemas tanto para vigilancia y control de las órdenes de protección, derivados del funcionamiento del dispositivo, como en la calificación jurídica de las conductas relacionadas con su empleo irregular, así como por el hecho de que, en ocasiones, han sido las propias víctimas las que con posterioridad a acordarse la implantación del medio telemático, han solicitado su retirada o supresión dado que les produce un estado de constante ansiedad y temor dado que se activan con frecuencia sin que el imputado o condenado quebrante la prohibición de aproximación”.

La Fiscalía se queja de que los dispositivos fallan a menudo y las alarmas se disparan sin motivo movilizando a las patrullas de la Ertzaintza y generando una intranquilidad y una preocupación innecesarias en las víctimas de malos tratos que se suman a los episodios de ansiedad que suelen presentar. “La tecnología ha avanzado y se han quedado obsoletas”, resumía el fiscal jefe de Araba.

La Ertzaintza evalúa el riesgo de las víctimas y les proporciona la protección más adecuada a su situación personal y familiar: desde un terminal de telefonía, hasta una protección más grave con el establecimiento de un escolta, pasando por contra-vigilancias, control de entradas y salidas, acompañamiento...