madrid - Reclamar deudas e impagos por vía judicial o acudir a un tribunal para denunciar un presunto delito ecológico, por ejemplo, continuarán teniendo un precio para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, y también para las ONG. Así lo ha decidido el Gobierno español en la recta final de su mandato al tiempo que ha vuelto a rechazar que el dinero recaudado en concepto de tasas judiciales vaya a ser destinado a mejorar el acceso y los servicios de la justicia gratuita.
No habrá pues, medidas de gracia para estos colectivos que desde 2012 han dejado patente su malestar por esta decisión en repetidas ocasiones. Sin ir más lejos, en abril del año pasado Greenpeace tuvo que abonar 1.290 euros para poder recurrir el caso de El Algarrobico. El ‘precio’ fijo va desde los 100 a los 1.200 euros; el ‘variable’ es el 0,1% de la cantidad reclamada, con un tope de dos mil euros. Por eso, desde la Asociación Española para la Competitividad de las Pymes (Acepyme), por su parte, evidenciaban una vez más su preocupación por la decisión de mantener ese “impedimento” a la hora de acceder a los tribunales.
Hace unos meses, el secretario general de esta asociación, Jaume Pallerols, denunciaba que el pago de las tasas judiciales supone que los derechos de las pequeñas y medianas empresas no estén equiparados a los de las grandes porque, aseguraba, “les resulta imposible” interponer un contencioso administrativo por los costes que conlleva, que pueden llegar a representar un 10% del coste total e incrementarse hasta en un 60% por el cargo por costas.
Ajeno a este panorama y a estas quejas, el ministro sostenía que “a nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan”, decía hace unas semanas el titular de Justicia, Rafael Catalá. “Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplos coloquiales”.
Es más, no descartó una subida de tasas si el PP vuelve a gobernar “tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando”. Esta afirmación -realizada por el ministro a la agencia Europa Press- fue matizada unos días después por el Ministerio anunciando que estudiarán fórmulas para eximir del pago judicial cuando la cuantía del litigio sea inferior a lo que impugna la tasa.
Un gesto para la galería con tintes preelectorales ya que, tal y como agregó la subsecretaria de Estado de Justicia, Aurea Roldán, en ningún caso se han planteado retirar este impuesto judicial. Fue ella, precisamente, quien subrayó que el dinero recaudado por este concepto [algo más de 500 millones de euros desde su implantación a finales de 2012] seguirá sin ser destinado a la mejora del servicio de la justicia gratuita en las Comunidades Autónomas, tal y como se le ha reclamado al Gobierno español en repetidas ocasiones desde el propio Ejecutivo vasco, por ejemplo.
Pese a este e0scenario, con todos los actores implicados molestos e incómodos con esta medida política, desde el Ministerio insistían en defender su postura solitaria. “No se trata -apostillaba la subsecretaria de Justicia- de suprimir sino de estudiar cuándo se exime; o bien que cuando la cuantía del litigio sea inferior la tasa no se imponga. Además, estas tasas son deducibles en el Impuesto de Sociedad, por lo que no es lo mismo que su incidencia en las personas físicas”, argumentaba.
