MADRID - “Deprisa, corriendo y mal. A tres meses de las elecciones, el Ministerio de Sanidad quiere corregir un problema que generó el propio Gobierno Rajoy y que no había antes del 1 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto de exclusión sanitaria. Ahí, el PP dejó fuera de la sanidad a los inmigrantes sin documentación y sin residencia legal”. ”El PP tiene que enmendar eso en tiempo, forma y método y dejarse de chapuzas y subastas”, reflexionó ayer con dureza Jon Darpón, consejero de Salud. Darpón explicó así a DNA el posicionamiento vasco sobre la intención del Ministerio de armonizar con las comunidades la asistencia a inmigrantes en situación irregular.
El titular de Salud volvió a expresar su rechazo al registro propuesto para facilitar a estas personas un documento diferente a la tarjeta sanitaria. “Es inaceptable crear un registro exclusivo para sin papeles y es un mal lavado de cara. Además es una tomadura de pelo que el ministro califique de disparate que haya comunidades que van por libre porque nosotros los tenemos incluidos en la base de aseguramiento de la tarjeta sanitaria. Euskadi sabe perfectamente cada una de las personas con tarjeta si es activa, jubilada, inmigrante... no necesitamos un registro nuevo”. “Están intentando arreglar el problema que ellos mismos crearon por una razón claramente electoralista, porque suscita una contestación social muy importante. Hay que volver a la situación previa, a derogar el 16/2012 que generó el problema”, aclaró.
Especialmente indignado se mostró Darpón con la reunión celebrada ayer en Madrid en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial de Salud. “Ha sido una tomadura de pelo. Convocan una reunión el 2 de septiembre sin las plantillas al completo, nos mandan un borrador hace siete días, y llegamos a la reunión y ese borrador ha cambiado”. Darpón alude así a que el Ministerio haya cambiado la cifra del año para atender a los inmigrantes por la de seis meses. “¿Cuál es la cifra mágica? ¿por qué antes eran doce meses y ahora seis? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Ver si nos cuelan algo que no nos caiga mal del todo? Lo que tenemos que hacer es atender a las personas”, resumió.
“El chocolate del loro” En opinión del consejero, “el decreto se hizo con un claro criterio economicista porque querían ahorrarse el gasto que generaba esta atención. Pero no hablamos de un problema económico sino un problema de solidaridad y de valores. Esto es el chocolate del loro. La gente habitualmente emigra por trabajo, por reagrupación familiar, pero es gente joven y habitualmente sana. El gasto lo tenemos en enfermedad crónica y en envejecimiento”. “Está muy claro que nuestro coste de asignación de médico de familia en atención primaria es bajo porque no hay personal extra. El coste de farmacia de esta atención también es muy pequeño porque lo que nos piden por devolución en el decreto de ayudas es una cantidad ínfima en el conjunto. Y el gasto que se deriva de hospitalización también es insignificante porque más del 50% de los ingresos en un hospital corresponde a mayores de 65 años”, explicó.
Salga lo que salga de la próxima reunión en Madrid, Euskadi va a seguir actuando como hasta ahora y atendiendo a toda la población sin recursos porque tiene las competencias para ello. Como se recordará, la CAV proporciona tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronadas con más de 11 meses y ha encontrado una fórmula administrativa para atender a aquellos con menos de un año, que es la asignación de un médico de familia. “Estamos en una crisis humanitaria sin precedentes en toda Europa, y estamos discutiendo si les asignamos un médico de familia o no, pero ¿qué es esto?”, cuestionó Darpón.
Además un auto del Tribunal Constitucional autorizó a la comunidad a mantener esta asistencia. “No se trata de tirar la casa por la ventana, ni de dar a la gente de fuera lo que no tiene la gente de casa, es un problema humanitario y de solidaridad social. Nosotros no entendemos que alguien, sea del color que sea, se quede en la puerta de un hospital sin ser atendido”, sentenció Darpón. A su juicio, el Ministerio obtendrá el consenso con todas las comunidades “si vuelve al punto de partida” y reestablece la atención a todos los inmigrantes.
Registro. Se plantea una base de datos de los inmigrantes que reciban atención sanitaria a la que no tendría acceso Interior.
Sin recursos. El documento, que tendrá validez de un año, establece que los irregulares deben demostrar “no disponer de recursos económicos suficientes”.
Navarra, al igual que otras CCAA, rechazó la propuesta de acuerdo sobre criterios mínimos para la asistencia sanitaria a inmigrantes y la tachó de “parche electoralista”.
6
Los inmigrantes tendrán que acreditar seis meses de empadronamiento (hace unos días eran 12) para tener derecho a asistencia.
