VITORIA - Todos los años muchas familias se quejan porque sus hijos se han quedado sin el servicio de autobús escolar. La casuística es tan amplia como familias excluidas de este servicio complementario que garantiza el derecho a la enseñanza. Las delegaciones territoriales de Educación son las encargadas de analizar e intentar dar cada curso una solución a las reclamaciones que les llegan. Pero la ausencia de un marco legal con condiciones generales de admisión y la aplicación estricta del criterio de los 2 kilómetros ha generado enconados debates y desacuerdos de forma periódica que se han ido intensificando con la crisis y los ajustes.

Ayer, el Gobierno Vasco aprobó el decreto que regulará a partir de ahora el transporte escolar en Euskadi, que incluye la creación de una comisión técnica que valorará los casos excepcionales “con el objetivo de poder cubrir supuestos que sean merecedores de especial atención” y que no habían sido atendidos. Hasta ahora las normas del autobús desde segundo ciclo de Educación Infantil a Educación Secundaria Obligatoria se regían por una circular que se enviaba a los centros. Su interpretación ha generado malestar, sobre todo, la condición de vivir a más de dos kilómetros del centro escolar para poder optar al servicio. Y es que hay numerosos municipios pequeños organizados en barrios o concejos en los que las carreteras o los caminos no reúnen las mínimas condiciones de seguridad para que los menores circulen por ellas en el camino de ida y vuelta al colegio.

Aun así, localidades como Urkabustaiz, Zuia, Zigoitia o Aiara han perdido el servicio de autobús escolar por el criterio de los dos kilómetros, lo que ha afectado a numerosas familias. Este problema ha llegado incluso al Parlamento Vasco. En setiembre de 2013 EH Bildu llevó a la Cámara de Gasteiz este debate y todos los grupos por unanimidad (EH Bildu, PNV, PSE-EE, PP y UpyD) aprobaron una proposición por la que se instaba al Departamento de Educación a adoptar medidas para dar respuesta a situaciones excepcionales como, por ejemplo, la de escolares afectados por el criterio de los dos kilómetros que sin embargo necesitan autobús para ir al colegio en condiciones seguras.

Dos años después, el Gabinete que dirige Cristina Uriarte “da cumplimiento a lo pactado en el Parlamento en relación a las diversas casuística que se han constatado”, afirmó ayer el Gobierno en una nota. Asimismo “se realiza -añadió- una regulación global y de carácter general” de todo este servicio complementario que atiende a diario a 24.000 escolares, con un coste de 26 millones de euros. Según el Ejecutivo, a diario la flota de autobuses realiza 500 itinerarios diferentes con la presencia de 521 acompañantes. Además de la comisión técnica que atenderá los casos excepcionales, el decreto recoge “tanto el derecho al transporte, como a las posibles autorizaciones para ser trasladados” en el caso de que haya plazas libres. En esta circunstancia se “priorizará” a las familias con custodia compartida o hijos e hijas de madres víctimas de violencia machista. Asimismo, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, puso en valor al término del Consejo de Gobierno que es la “primera vez” que se regula este servicio.