madrid - El PP presentó ayer una proposición de ley que restaura la obligación del consentimiento paterno para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar, consentimiento que el Gobierno socialista suprimió en 2010 a iniciativa de la entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído. Esta necesidad de contar con el permiso de los padres no contempla ninguna excepción. El PP, tras un intento de reforma más amplia de la ley del aborto que no logró imponer debido al amplio rechazo social, a la propia división interna (acabó con la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abanderado del sector más duro y firme defensor de recortar la actual normativa) y a la cercanía de los procesos electorales, presentó ayer por sorpresa una reforma limitada y urgente de la ley en un intento de amainar a su ala más conservadora en pleno año alectoral. La actual normativa en vigor es una ley de plazos aprobada por el PSOE en 2010 y pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el PP.

Así, el PP registró ayer en el Congreso una proposición de ley para reformar la vigente ley “respondiendo a los compromisos electorales”, una iniciativa cuyo texto se limita, ante la falta de consenso en la materia, a que a partir de ahora sea obligatorio que las menores informen a sus padres o tutores cuando deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Las menores que quieran abortar y no obtengan el consentimiento, deberán acudir a la vía judicial.

El portavoz del PP Rafael Hernando calcula que el texto se debatirá en el Pleno de la Cámara el próximo mes de marzo, con el objetivo de que entre en vigor a final de este periodo de sesiones, en torno al mes de junio. “Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia de consenso. En una materia como ésta, independientemente de cuestiones morales o religiosas de cada uno, hay que pensar en el conjunto del modelo social y hay una parte que tiene que ver con un recurso que tiene que resolver quien tiene que resolverlo”, señaló.

La elección de presentar una proposición de ley a través del Grupo Popular en lugar de un proyecto de Ley del Gobierno hace que no se requiera que el texto sea sometido al examen de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado. El tiempo mínimo para la tramitación de una iniciativa de este tipo puede ser de dos semanas.

Finalmente, el PP ha decidido modificar el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, según la cual, con 16 o 17 años de edad no es necesario el consentimiento paterno para someterse a una intervención médica salvo en casos de ensayos clínicos o reproducción asistida humana. Hasta la Ley de Salud Sexual, el aborto estaba también entre estas excepciones.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, rechazó el texto por considerar que “va a dejar en la más absoluta indefensión a las mujeres más jóvenes y vulnerables”, mientras que la diputada de IU Ascensión de las Heras acusó al PP de “hacer trampas”.

Por su parte, el PNV estudiará la propuesta aunque recordó que no estuvo de acuerdo con el punto concreto de la ley que ahora se quiere modificar. El diputado Joseba Agirretxea aseguró que el Grupo Vasco estudiará un texto que aún desconoce y presentará las “modificaciones oportunas para que el consentimiento paterno quede bien regulado y los derechos de los menores queden protegidos”.

Amaiur mostró su desacuerdo, así como las asociaciones de mujeres, que advirtieron que es innecesario y abocará a las menores más vulnerables al aborto clandestino poniendo en riesgo sus vidas. - DNA