En Euskadi hay más de tres mil entidades de diverso origen, tamaño y filosofía que trabajan en el ámbito de la solidaridad social. Constituyen el denominado Tercer sector y en breve contarán con una regulación específica que definirá sus componentes, su labor y su colaboración con las administraciones públicas.

El Gobierno Vasco aprobó ayer, a propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el proyecto de ley del Tercer Sector Social de Euskadi, una norma que regulará y promoverá la actividad de las organizaciones que trabajan en el ámbito de los servicios y las políticas sociales. El tercer sector social está formado en Euskadi por alrededor de 3.000 entidades sin ánimo de lucro que cuentan con una plantilla global de 35.000 trabajadores. Su actividad tiene un impacto en la economía superior al 2% del PIB vasco y un impacto social mucho más alto, ya que a menudo trabajan con los grupos más desfavorecidos y realizan una labor difícil de cuantificar. Se trata de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre y otras muchas, entre las que se pueden incluir fundaciones vinculadas a empresas y entidades financieras, que canalizan la solidaridad de los ciudadanos. Juan María Aburto destacó ayer que el tercer sector es un “activo fundamental” para una sociedad justa, solidaria, participativa y cohesionada.

“Con el proyecto de ley del Tercer Sector Social se pretende marcar un antes y un después en la consideración legal de una actividad ligada a las asociaciones ciudadanas, organizadas desde hace decenas de años, en muchas ocasiones, en torno a las personas más desfavorecidas. Con este proyecto se quiere dotar de un marco legal estas actividades y establecer sus relaciones con las administraciones”, resumió ayer Juan María Aburto en la presentación del proyecto legislativo con el que cierra su labor en el departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de ayer, el proyecto de ley será remitido inmediatamente al Parlamento Vasco para su tramitación, durante la que recibirá aportaciones de los grupos políticos, que se sumarán a las que ya han formulado los ciudadanos, el Consejo Vasco de Servicios Sociales, la Mesa de Diálogo Civil, el Consejo Económico y Social y el Consejo Vasco del Voluntariado, las diputaciones forales, Eudel y el Ararteko, entre otros agentes.

Sobre los objetivos de la ley, el consejero de Empleo y Políticas Sociales señaló que “se propone regular el tercer sector, establecer claramente quién pertenece a él, los valores en los que se tiene que sustentar, darle presencia, así como establecer en una norma su papel en el diseño y ejecución de las políticas sociales por parte de la administración pública y, puesto que se considera un valor importante, fijar las estrategias que la administración pública debe llevar a cabo para potenciar su presencia y sus actuaciones”. En este sentido, el proyecto de ley prevé que en el plazo de un año a partir de su aprobación se elabore un censo de organizaciones del tercer sector, así como una estrategia para su promoción. La nueva norma no solo regulará la actividad de las organizaciones que trabajan exclusivamente en el ámbito de los servicios sociales, sino también la de aquellas que lo hacen en otras esferas de las políticas sociales, como el empleo, el sistema de garantía de ingresos, las familias, la igualdad o el espacio sociosanitario.

La cooperación entre las entidades sociales entre sí y de éstas con el sector público supone un aspecto muy relevante del proyecto y, según destacó ayer el Gobierno Vasco, el nivel de cooperación, que será “permanente, operativo y bidireccional”, se materializará con su participación en la Mesa de Diálogo Civil y en el CES.

Según la ley, el tercer sector social de Euskadi está conformado por organizaciones con personalidad jurídica, de acción voluntaria, no lucrativas, privadas y autogobernadas, con sede y actividad en Euskadi, cuya finalidad principal es promover la inclusión social y los derechos de las personas, familias, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección y dependencia, a través de actividades de intervención social.