Vitoria - El sistema pública vasco de Servicios Sociales se fortalece después del acuerdo global alcanzado ayer por el Gobierno, las diputaciones forales y Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, en el que finalmente queda definido el contenido de la llamada Cartera de prestaciones en la que se incluyen la naturaleza, el objetivo, las personas destinatarias, los requisitos de acceso a cada prestación y si está sujeto o no a copago por lo usuarios de los servicios que serán exigibles ante la ley por el ciudadano ya que serán considerados como derechos subjetivos.

Esto supone que las personas podrán reclamar ante los tribunales que se les asigne el recurso o la prestación a la que tengan derecho ya que la cobertura de los mismos debe ser garantizada por la Administración, con independencia de si existe o no disponibilidad presupuestaria para ello, como ya ocurre con las prestaciones sanitarias o con la educación, por ejemplo.

Eso sí, y debido a la actual configuración tripartita de este sistema -hay un modelo propio en cada Territorio Histórico- la entrada en vigor de este decreto regenerador tendrá que esperar todavía hasta finales del ejercicio próximo (26 de diciembre, apuntaban desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales). “Los Servicios Sociales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, vienen de tradiciones y modelos de gestión diferentes que es imposible cambiar a corto y medio plazo. Lo que ha conseguido la Cartera es que, respetando las diferentes culturas asistenciales, la ciudadanía de Euskadi pueda recibir una atención más homogénea”, agregaban.

En cualquier caso, se trata de un paso fundamental y decisivo, reclamado durante largo tiempo por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y particularmente por su titular, Juan Mari Aburto, en aras a conseguir el afianzamiento de un sistema estructurado y homogéneo, que proporcione seguridad jurídica e igualdad en el acceso a sus servicios a toda la población residente en los tres Territorios Históricos gracias a un trabajo en red, a la colaboración y cooperación entre todos los agentes implicados en la gestión de este tipo de servicios.

Y sobre todo, este Concierto Social ha llegado antes del periodo preelectoral propiamente dicho, tal y como demandaba Aburto, para evitar promesas populistas. Más aún, teniendo en cuenta que cada uno de los tres Territorios Históricos se encuentra en la actualidad gobernado por una formación distinta. Precisamente ha sido el PSE, sin bastón de mando en ninguna de las instituciones vascas, el único que ayer se abstuvo en la votación final en el órgano interinstitucional tachando incluso de “muy insuficiente” el acuerdo logrado ayer.

Fondo extraordinario Una valoración que contrasta con la opinión expuesta por los delegados en este órgano del Ejecutivo vasco -el consejero Aburto-, de Eudel -el alcalde de Galdakao, Ibon Uribe-, y los tres representantes forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba -Pilar Ardanza, Ander Rodríguez y Maite Alaña, respectivamente- quienes pusieron en valor la relevancia futura que este concordato tendrá para la ciudadanía vasca. Más aún cuando todas las partes han consensuado esa Cartera de servicios, pero también el Mapa de recursos y la Memoria económica que unificará estas prestaciones que serán exigibles ante la ley y que a partir de 2017 dispondrán de una cobertura de 20 millones de euros adicionales anuales para su aplicación.

En concreto, tal y como apuntaron los firmantes del acuerdo, la financiación de los Servicios Sociales en el conjunto de la CAV -que en 2017 se calcula tengan un coste de 1.100 millones de euros- se complementará en 2016 con un fondo extraordinario de 10 millones de euros que ayudará a que las diputaciones y los ayuntamientos puedan hacer frente al coste de residencias, centros de día o ayudas por dependencia. Y será a partir de 2017 cuando ese fondo sea engordado con 20 millones de euros por año. Gracias a esa Memoria económica -sin la cual es imposible desplegar la Cartera y el Mapa de prestaciones y servicios sociales- ha sido posible hacer una proyección de cuáles serán los costes del sistema en función de su progresiva implantación, de la evolución demográfica y de sus necesidades futuras.

Recursos Por ejemplo, además de definir los recursos sociales por cada Territorio, en el decreto aprobado se especifica que las residencias y los centros de día para mayores tienen que ubicarse en ámbitos poblacionales de entre 15.000 y 50.000 personas y que los centros residenciales para enfermos mentales o en situación de exclusión en zonas de entre 200.000 y 400.000 habitantes. También se prevé que en 2017 tendrán que crearse 965 plazas de residencia más que en 2011 para mayores; 514 para discapacitados; 359 para centros de día y 134 alojamientos para ciudadanos en situación de exclusión.

Además, y teniendo en cuenta la diferencia existente entre Territorios Históricos en cuanto al rango de cobertura de los distintos servicios sociales, se ha establecido que “todos ellos han de tener un nivel de servicios y prestaciones de al menos el 80% de la media” del conjunto de la CAV. Buena parte de esos servicios y prestaciones, son prestados ya por Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. No obstante, también se definen y desarrollan otros que no existían o que tienen muy poca implantación.

Entre estos últimos se encuentran recursos como centros de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones de autonomía, servicios de apoyo a la vida independiente, coordinación de urgencias sociales, servicio de transporte adaptado, de ayudas técnicas y adaptación al medio físico, viviendas tuteladas para personas en riego de exclusión, servicios de alojamiento para personas mayores y servicio de atención diurna para personas mayores.

En este ámbito quedan recogidos la información, valoración, diagnóstico, orientación, ayuda a domicilio, intervención socioeducativa y psicosocial, teleasistencia y alojamiento.

Este capítulo incluye la valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección, centros residenciales, centros de día y noche, centros ocupacionales, servicios de respiro, transporte adaptado, intervención y mediación familiar, puntos de encuentro familiar, adopción y acogimiento.

Se odfrece cobertura a los cuidados en el entorno familiar, prestación vinculada al servicio, prestación de asistente personal, prestaciones para mujeres víctimas de violencia, etc.

Exenciones. Estarán exentos de copago aquellos servicios destinados a personas en situaciones de fragilidad o precariedad socio-económica: menores, personas en situación de exclusión, víctimas de maltrato, etc.. Por el contrario, servicios tales como las residencias, los centros de día o la ayuda a domicilio seguirán, como hasta ahora, sujetas a copago en función de sus posibilidades económicas.