BILBAO. Ésta es una de las conclusiones del análisis de los proyectos presupuestarios que tramitan las diferentes autonomías que ha efectuado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Esta agrupación ha comparado las cuentas de las comunidades de los años 2010, 2014 y 2015 y ha comprobado que en todos los casos el País Vasco es la autonomía con un mayo gasto sanitario por persona: 1.623 euros hace cinco años, 1.541 este año y 1.548 el que viene.

Al igual que en el caso de Euskadi, la mayor parte de las comunidades autónomas prepara leves incrementos en sus presupuestos sanitarios para 2015, si bien aún quedan lejos de las inversiones realizadas en 2010, antes de los recortes presupuestarios.

Con esos datos provisionales -ningún presupuesto ha sido aprobado aún-, el estudio indica que las autonomías destinarán una media de 1.257 euros por persona a la Sanidad, es decir, 52 euros más que en los presupuestos que se ejecutan este año, un alza del 4,38 %.

Sin embargo, ese gasto no supera los 1.343 euros por habitante que invertían en 2010, 86 euros más que lo presupuestado para 2015, un 6,40 %.

De acuerdo con el análisis de FADSP, los presupuestos sanitarios, analizados con el parámetro de gasto por habitante, aumentarán en todas las autonomías excepto en Cantabria y Galicia, aunque ese incremento se debe en parte al descenso de población que han sufrido la mayor parte de las autonomías.

Sólo dos comunidades han presupuestado más dinero en 2015 que en 2010, Aragón y la Comunidad de Madrid, si bien los defensores de la sanidad pública achacan esos incrementos a las transferencias al sector privado.

Tras Euskadi Navarra se mantiene como la segunda comunidad que más dinero destina a la sanidad, mientras que Aragón ha desbancado a Asturias del tercer lugar.

Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha son, por ese orden, las regiones que menos dinero por persona tienen previsto invertir en sanidad en sus proyectos presupuestarios para 2015.

La Federación plantea que el aumento de los presupuestos es "claramente insuficiente" para abordar los problemas sanitarios de España, pero supone el reconocimiento de que los recortes realizados en el sector "eran claramente incompatibles con una prestación sanitaria de calidad" y eran "lesivos para la salud de la población".