Bilbao - El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, aseguró ayer que el Gobierno Vasco no tiene intención de “endurecer” los requisitos para percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda que, en la actualidad, llega al 75% de los ciudadanos que no tienen recursos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Juan María Aburto reconoció, con “cierta prudencia, que se está mejorando la gestión de la RGI y se está llegando, de manera más eficaz, a la gente que más necesita estas ayudas”. El consejero insistió en que no está dentro de los planes del Gobierno Vasco “endurecer” los requisitos para acceder a la RGI porque supondría dejar a más personas fuera de la distribución de estas ayudas. “En estos momentos, estamos llegando al 75% aproximadamente de las personas que no tienen recursos y que necesitan una renta de este tipo”, añadió. En ese sentido, dijo que Euskadi es la comunidad del Estado español en la que la renta de inserción llega a un mayor porcentaje de personas que necesita ayudas sociales y, por ello, destacó que el PNV no tiene intención de “dejar fuera a más personas”.

En los últimos dos años el grado de cobertura del sistema de garantía de ingresos se ha mantenido en torno al 73% de la población vasca en riesgo de pobreza, un porcentaje que representa una sensible mejora respecto al 63,6% de 2008, y que se ha conseguido en unos años en los que ha aumentado el número de personas con necesidades económicas.

Respecto a las críticas y acusaciones que está recibiendo el sistema vasco de ayudas sociales, Juan María Aburto indicó que “no tenemos ninguna duda de que hay margen de mejora. Por eso, estamos implantando prácticamente todos los meses nuevas herramientas para esa mejora”. “Recientemente, hemos planteado un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, con el Departamento de Hacienda, en concreto, que queremos extender a las otras diputaciones, para un cruce de datos informático muy exhaustivo que nos permita luchar contra ese fraude que, si duda existe y que deslegitima cualquier acción que podamos hacer”, añadió.

Sin embargo, pidió que no se ponga el foco “exclusivamente” en el fraude, sino, “sobre todo, en las 65.000 familias que, si no fuera por esta RGI, estarían en una situación muy complicada”. El consejero preguntó a la sociedad vasca si es consciente “de cuál sería el coste de no tener una Renta de Garantía de Ingresos”.

En cuanto al control del fraude en el cobro de las ayudas y el envío de cartas por parte de Lanbide para reclamar cantidades, Aburto rechazó que el fraude detectado ascienda a 20 millones de euros, tal como aseguró el alcalde de Gasteiz y explicó que Javier Maroto leyó el titular de un medio de comunicación “que hablaba de esa cantidad, no como fraude, sino sumando determinadas cuestiones que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales había respondido al PP en una pregunta parlamentaria”. “Y cogió ese dato cuando el Departamento establecía que la cifra de fraude, que es difícil de determinar en esa pregunta, rondaba los tres millones de euros”, puntualizó antes de añadir que hay personas a las que les interesa “confundir, manipular y hasta mentir”.

la plataforma Por otro lado, el grupo municipal de EH Bildu en Gasteiz denunció ayer en que el equipo de gobierno del PP no puede utilizar a policías municipales para informar a los ciudadanos de la plataforma Ayudas+Justas, porque en ese caso deberían hacerlo también con los “cientos” de grupos y asociaciones que hay en la ciudad. La concejal de EH Bildu Iratxe Lopez de Aberasturi volvió a denunciar que el PP está utilizando servicios públicos para promocionar esta plataforma de reciente creación, que recogerá firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de endurecer el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos.