MADRID. Así consta en el borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017 al que ha tenido acceso Efe, que cuenta con 225 medidas que se articulan en siete líneas estratégicas y tiene un presupuesto estimado de algo más 5.526 millones de euros.
Estas líneas sobre las cuales se ha elaborado el Plan son la protección social y económica de las familias, la conciliación y corresponsabilidad, el apoyo a la maternidad y un entorno favorable para la vida familiar, la parentalidad positiva, el apoyo a las familias con necesidades especiales, las políticas familiares y la evaluación por resultados.
Según el texto, con este Plan -que se aprobará previsiblemente en diciembre o enero, según fuentes gubernamentales- se define una "política familiar específica y explícita" a través de un conjunto de acciones "homogéneas de apoyo a las familias" que tiene en cuenta los cambios que se producen en su composición, estructura y funcionamiento.
Apoyar a las familias más vulnerables, como las numerosas, las monoparentales y aquellas que tienen a su cargo a personas con discapacidad, fomentar la conciliación o garantizar el principio de igualdad de oportunidades son algunos de los objetivos de este plan.
Incluye medidas de apoyo a la maternidad como la promoción de la lactancia materna, el fomento de la implicación de los padres en el seguimiento del embarazo y la crianza o la ayuda a menores embarazadas con especial atención a las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
En este sentido, el Gobierno quiere abordar junto con las autoridades educativas autonómicas la concesión de becas o ayudas a las jóvenes con problemas socioeconómicos para que la maternidad no suponga un obstáculo a la hora de continuar con sus estudios.
Además, quiere modificar el Código Civil para que los funcionarios que sean padres puedan disfrutar del permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses como un derecho individual.
Con el fin de proteger a la infancia, una de las medidas que se promoverá será la corresponsabilidad parental en los casos de nulidad, separación y divorcio "incluyendo la previsión de que el juez tenga mayor flexibilidad para decretar el tipo de guardia y custodia (compartida o monoparental) más adecuado para la protección del interés superior del menor".
Para impulsar la conciliación, el Ejecutivo propone el fomento de una mayor flexibilidad en la ordenación de la jornada laboral para atender necesidades familiares puntuales a través de una "bolsa de horas recuperables" en el ámbito de la negociación colectiva.
Para proteger a la infancia, incluye varias medidas como la puesta en marcha de una campaña nacional de sensibilización e información "que despierte el interés de las familias dispuestas a acoger a menores en situación de desamparo con el objetivo de que ningún niño permanezca en acogimiento residencial".
También garantiza que la situación de pobreza familiar "no sea en ningún caso considerada la única circunstancia para valorar la situación de desamparo de un menor".
Como ya avanzó el Gobierno, el Plan recoge varias iniciativas incluidas en la reforma fiscal, como las ayudas de 1.200 euros para las familias numerosas o con hijos o ascendientes con discapacidad.
Además, las familias numerosas de categoría especial podrán recibir hasta 2.400 euros anuales.
El borrador contempla el facilitar una ayuda económica de hasta el 40 por ciento de la renta anual con un máximo de 2.400 euros anuales por vivienda "para el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos recursos económicos y en núcleos familiares con mayor número de miembros".
El Plan también aborda la realidad de otros colectivos familiares con necesidades especiales. Así, apuesta por el desarrollo de programas de apoyo a las familias de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, así como por la elaboración de un estudio sobre la incidencia del acoso escolar a los jóvenes LGTB y sus familias.
Por su parte, un portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha insistido a Efe en que se trata de un documento de trabajo provisional y abierto, que se encuentra en fase de consulta con los interlocutores sociales y, por tanto, este departamento seguirá trabajando para cerrar un texto definitivo.
