bilbao - Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género es el fruto de las investigaciones de María Pazos, cuya trayectoria laboral abarca desde organismos de la Administración pública española, hasta el Bureau de Estadísticas Laborales de EE.UU, la OCDE y las Universidades Carlos III, Estocolmo, Islandia y Harvard.

¿Realmente las políticas públicas van contra la igualdad de género?

-No creo que las leyes sean buenas. Hemos llegado a una situación que se llama igualdad formal ante la ley; las normas ya no discriminan hombres/mujeres, esposas/maridos... todos tenemos los mismos derechos en el Código Civil, pero luego están las leyes económicas que determinan las condiciones de vida de las personas y que dejan mucho que desear para las mujeres; hay que cambiarlas.

¿Por ejemplo?

-La atención a la dependencia. Cada país tiene un sistema. Según las leyes que tenga y las provisiones de seguros públicos o privados se configura una forma de atención a la dependencia. Los nórdicos optan por una atención a cargo de los sistemas públicos; sin embargo países más patriarcales y tradicionales como Alemania o España han apostado en las prestaciones por el cuidado en casa; porque siga siendo la familia, convenientemente incentivada, la que se ocupe del cuidado de los dependientes.

Cuando se dice la familia, quiere decir la mujer.

-Sí, con incentivos como los de la nueva reforma del IRPF que son de 100 euros por atender a un dependiente en casa. O las prestaciones por ley que giran en torno a 300 euros. Eso supone dejar a la mujer fuera del mercado de trabajo, sin acumular derechos sociales y con dependencia económica.

¿Las leyes nos conducen a hombres y mujeres por caminos distintos?

-El sistema de atención a la dependencia es un caso, pero si nos ponemos a hablar de la atención a la infancia ocurre lo mismo. Aquí sí que hay discriminaciones explícitas.

¿Cuáles?

-La desigualdad entre los permisos de maternidad/paternidad es una discriminación explícita. Los permisos de paternidad y maternidad son prestaciones contributivas de la Seguridad Social que no te los dan si no has cotizado, a las mujeres se les da 16 semanas y a los hombres 13 días. A los hombres se les otorga la octava parte que a las mujeres. Esto ya es un mensaje muy claro tanto real como simbólico. El sector público, en este caso la Seguridad Social, le está diciendo a la población, que una vez recuperada la mujer del parto, que para eso sirven las dos semanas del permiso de paternidad, el hombre se va a trabajar y es ella la que sigue de cuidadora.

¿Los empresarios creen que son más libres con un trabajador varón?

-Al contratar los empresarios adquieren distintas obligaciones. Actualmente con un hombre tienen el despido más libre que con una mujer que cada vez tiene más blindajes en el empleo (esto entre comillas), porque es un boomerang que se vuelve contra ellas. Si esas protecciones fueran iguales para toda la clase trabajadora no habría ningún problema; estarían muy bien. Pero debieran de ser para hombres y mujeres.

¿Por qué?

-Estadísticamente es así. Los padres aumentan su dedicación a la empresa y las madres la reducen. Todo en esta sociedad esta establecido para que el hombre sea el proveedor del pan y con la paternidad él se hace más proveedor y procura trabajar más en la empresa, paralelamente, en parte por eso, las mujeres se van retirando del mercado porque no tienen otra alternativa. Cuando se terminan los permisos de maternidad, como no hay de paternidad, la alternativa es que ellas sigan estando allí; las mujeres se cogen las reducciones de jornada, las excedencias, por lo que se van descolgando del empleo, mientras ellos van subiendo su dedicación.

¿Cuál es la solución?

-La única es cambiar las leyes y la organización de los cuidados para que no haya esa diferencia y que hombres y mujeres trabajen al mismo tiempo. Que los padres se dediquen más al cuidado y las madres más al empleo.

Parece misión imposible en estos tiempos que corren.

-Al revés. Estamos en un momento de grave crisis, pero sabemos que en realidad la crisis del Estado del Bienestar no es tal. No es la economía la que no se puede permitir los servicios públicos y las políticas sociales. De hecho, a quienes les está yendo mejor es a los países nórdicos que tienen un Estado del Bienestar sólido que es fundamental para salir de la crisis. Incentivarlo reactivaría muchísimo la economía, hace falta inversión en servicios públicos, en prestaciones...

Pero hacen todo lo contrario

-No están recortando la sanidad por problemas económicos, económicos de la Economía, sino por problemas económicos de la clase dominante. ¿Es imposible recuperar la Sanidad, los servicios públicos? No es imposible, al revés. La población se está dando cuenta de que tiene que reivindicar sus derechos y obligar a los poderes públicos a cambiar el rumbo. Para la igualdad de género, necesitamos un Estado del Bienestar inclusivo, si no olvidémonos de ella.

Caballerosidad impositiva. ¿No gracias? ¿A qué se refiere?

-Al tratamiento de las circunstancias familiares en el IRPF, el impuesto personal tiene muchos elementos discriminatorios, entre ellos la tributación conjunta de los matrimonios, eso es lo de la caballerosidad impositiva. Esta tributación es una desgravación del varón por una esposa dependiente. Es una penalización a las mujeres porque las empuja a que se queden en el hogar o en la economía sumergida, Mientras que ellas no trabajan legalmente ese matrimonio tiene una deducción, pero cuando ella encuentre trabajo la pierde o si la hacen conjunta, como el impuesto es progresivo, eso será como si le subieran al marido el sueldo.

¿Qué soluciones plantea?

-Tenemos una estructura social que fabrica hombres no igualitarios; las criaturas desde que nacen van viendo que la mujer es inferior porque la familia es la primera escuela de desigualdad. Hay que cambiar la estructura social de tal forma que las condiciones de vida sean igualitarias, así la ideología también cambiará. Para eso hay muchas medidas.

¿Como cuáles?

-Hay cuatro ejes. Uno es el que los permisos sean iguales e intransferibles y pagados al cien por cien. El segundo es la universalización de los servicios de educación infantil y atención a la dependencia como derecho. El tercero sería la reducción por ley de la jornada máxima a 35 horas; el cuarto eje sería la eliminación de todas las medidas de la legislación vigente que proporcionan incentivos a la familia tradicional y que desincentivan la incorporación de las mujeres casadas al empleo de calidad, como por ejemplo la tributación conjunta o la pensión de viudedad para los nuevos matrimonios; luego, la promesa a futuro sería la eliminación del régimen matrimonial de gananciales. Todas esas medidas que hacen a las mujeres fiar su futuro en las cotizaciones de su marido.