GASTEIZ. Así se expresa el Ararteko en una resolución emitida después de que una beneficiaria de RGI le consultara sobre cómo tenía que actuar tras recibir una de las 10.000 misivas que el Servicio Vasco de Empleo ha remitido a personas que entre 2012 y 2014 percibieron cuantías de la RGI superiores a la cantidad que les correspondía en función de su situación económica y laboral.
Tras analizar el caso, Lamarca concluye que la carta de Lanbide "no implica que haya una obligación de hacer frente al pago de la deuda que se menciona", sino que en ella se "informa de que a partir del 31 de octubre de 2014 va a iniciar un procedimiento de reintegro de las prestaciones económicas".
En ese procedimiento, añade, se podrán presentar en el plazo de un mes alegaciones encaminadas a "demostrar que la reclamación es infundada y, en consecuencia, cuestionarla ya sea su fundamento o su cuantía".
La resolución de Lanbide a estas alegaciones será la que finalmente declare la cuantía de ladeuda y dote a la reclamación de "carácter ejecutivo". Esta última notificación del Servicio Vasco de Empleo también podrá ser recurrida por la vía administrativa.
El pasado lunes el Departamento de Empleo y Políticas Sociales envió 10.000 cartas para reclamar 56 millones de euros a perceptores de RGI y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
La consejería de Juan María Aburto evita referirse a esta cantidad como fraude y define estas anomalías como "cobros indebidos". Como ejemplos de estas irregularidades, el Ejecutivo señala a perceptores de la RGI que "trabajan tres días, un fin de semana o un mes y no se lo comunican a Lanbide".
El Gobierno entiende por fraude, por ejemplo, casos como el de beneficiarios de esta ayuda que viven fuera del Euskadi, pero se empadronan en una localidad vasca y "se reparten" la RGI con el titular de la casa en la que se empadronan.
En las misivas individualizadas remitidas, Lanbide informa a sus destinatarios de las cantidades que deben devolver y les ofrece una "regularización voluntaria". En la carta se advierte de que si no se reembolsa el dinero se iniciará un procedimiento administrativo ordinario legal para el cobro de esos "cobros indebidos".
