madrid. La Lomce no podrá llegar en septiembre a las aulas vascas. Catalunya, Andalucía, Canarias, Asturias y Euskadi -juntas suman el 52% del alumnado del Estado- formaron ayer un frente común para trasladar al Ministerio de Educación que "es imposible" empezar a aplicar en setiembre la ley Wert. Aclararon que su postura no es un gesto de "insumisión" frente a una ley que rechazan, y que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, sino la consecuencia práctica de la "improvisación" de una norma que impone un calendario que no se puede aplicar sin vulnerar los plazos que debe guardar su desarrollo normativo en cada una de las autonomías.

Se trata, evidentemente, de una maniobra dilatoria por parte de las comunidades que no están gobernadas por el PP para obstaculizar al máximo la aplicación de la Lomce, con la esperanza de que las elecciones generales de 2015 provoquen un cambio de mayorías y la Lomce sea derogada, como acordaron todos los grupos de la oposición. La nueva estrategia recurre a la aritmética básica. Si el Gobierno español aprueba los reales decretos de la Lomce en mayo o abril, como está previsto, incluso haciéndolo el mes que viene, y el proceso de aprobación de los decretos autonómicos lleva unos nueve meses, no se podrá aplicar la Lomce en setiembre. Faltan meses, con la ley en la mano. Y las cinco comunidades díscolas aclararon ayer que van a exprimir al máximo el marco legal para aplicar la reforma educativa como crean más conveniente.

El calendario del ministro Wert genera además unos problemas técnicos -de personal, equipamientos, libros de texto, formación de profesorado- que dificultan su implantación tras el verano, puesto que el Gobierno vasco inició toda la planificación del próximo curso en diciembre partiendo de la configuración actual del sistema, porque aún no han sido aprobados los reales decretos de Primaria y Formación Profesional (FP) Básica. La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, fue ayer la más explícita a la hora de describir el problema de plazos que plantea el calendario de la reforma educativa, a la que se refirió como "ley exprés".

Horas antes de la Conferencia Sectorial en la que el ministro José Ignacio Wert presentaba a las comunidades el borrador del nuevo currículo Lomce, Uriarte afirmó que "es imposible que lleguemos antes de finales de año" ya que para redactar, debatir y aprobar el desarrollo curricular "se necesitan por lo menos nueve meses". En la misma línea se pronunció la consejera catalana, Irene Rigau, quien solicitó que "se frene" su aplicación porque el calendario marcado por el Ministerio "es un error". La consejera asturiana, Ana González, manifestó su "objeción técnica y pragmática" a esta ley, mientras que su homólogo andaluz, Luciano Alonso, comentó que "Andalucía se rebela, no vamos a ser insumisos, pero no vamos a incumplir el Estatuto de Autonomía andaluz". Asimismo, Alonso incidió en la falta de una "financiación adecuada" para la puesta en marcha de una ley que "va a disparar el gasto en Educación".

De acuerdo con la memoria económica, la reforma va a suponer unos costes directos, que asume el Estado, de 408 millones de euros -23 millones el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero- y las comunidades asumirán los costes de consolidación, que dependerán de la reducción del abandono escolar. La cuestión es que el Ministerio fía el 50% de los costes a que se los dé el Fondo Social Europeo para luchar contra el paro juvenil, que en España se sitúa en el 56%. Este elevado gasto deriva de la implantación de la nueva FP Básica, la anticipación de itinerarios desde tercero de (Educación Secundaria Obligatoria) ESO y la transformación de cuarto de ESO en dos vías hacia la FP o el Bachillerato.

Según fuentes del Departamento de Educación, Wert planteó en la sectorial contar con una financiación de 2.000 millones de euros para la FP Básica, de los cuales 1.200 procederán del Fondo Social Europeo, repartidos en seis años. El resto será cofinanciado por las comunidades. Las mismas fuentes apuntaron que para Euskadi el principal problema de la Lomce no es de orden económico, sino de plazos y por la propia naturaleza de una ley que no responde a las necesidades de la escuela vasca. Y es que la financiación llega a Euskadi vía Cupo.

Con el objetivo de mostrar flexibilidad ante las comunidades del PP y plantar cara a la estrategia desplegada ayer por las cinco comunidades díscolas, Wert accedió a fraccionar el desarrollo curricular de la Lomce y aplazar la aprobación de los reales decretos de ESO y Bachillerato. Esta decisión satisface claramente las pretensiones de Madrid, pero en nada afectará a Primaria y FP Básica, que se deben implantar en setiembre.

Wert: "Es posible" cumplir En la rueda de prensa posterior a la reunión, Wert declaró que "una clara mayoría" de las comunidades autónomas han manifestado que es "posible" cumplir los plazos previstos para implantar la Lomce. Por otro lado, el ministro aseguró "comprender" las dificultades que tendrán las comunidades en el "desarrollo normativo de la norma", pero que cumplir el calendario "no es imposible".

Dijo "respetar" todas las críticas, pero recalcó que "justamente" son las comunidades gobernadas por los partidos que han expresado "su oposición radical a la Lomce y su voluntad de derogarla" las que encuentran "imposible" cumplir el tiempo fijado. Otras voces, como la de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores de Cospedal, fueron más allá para acusar de "boicot" a las cinco comunidades díscolas, entre ellas Euskadi.