vitoria. El olor a puchero y a comida casera por los pasillos del centro escolar a la hora del recreo es desde hace tiempo un recuerdo del pasado. Desde 2000, siete empresas de catering dan de comer diariamente a cerca de 92.000 estudiantes vascos. Facturan aproximadamente 180 millones de euros al año y dan trabajo a unas 5.000 personas, entre cocineros, ayudantes y monitores de comedor.

No obstante, tres centros públicos, más otros de Eskola Txikiak y los agrupados en Eskolapiko, han optado por autogestionar sus comedores, fomentando el consumo de cercanía y la producción ecológica local, siguiendo la filosofía de Compra Pública Verde que aplican ya otros países como Italia, Francia o Dinamarca. Esta decisión ha dejado a estos centros fuera de la orden de 2000 que establece la gestión directa de los mismos a través del catering, y a sus familias sin las ayudas que concede el Gobierno vasco al resto de los usuarios para pagar parte del menú. Educación sufraga el 60% de su coste y más de 50.000 becarios no pagan nada, lo que coloca la factura pública en 33 millones de euros.

La Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) recaba apoyos entre las AMPA y agentes sociales para presentar una propuesta no de ley dirigida a revisar dicha orden, con el fin de que los centros que apuesten por una gestión propia del comedor "también estén cubiertos" por la ley. La propuesta llega acompañada de una batería de cambios encaminados a "incorporar criterios de sostenibilidad" en los comedores. Con esta proposición no de ley lo que pretenden es "explicar que otro modelo de comedor es posible", indica Ana Eizagirre, la coordinadora de una iniciativa que día a día suma nuevos apoyos.

Según explica, Ehige no persigue generalizar la autogestión del comedor en la red pública, sino posibilitar que aquellos centros que quieran optar por este modelo más cercano a los productores y al comercio local puedan hacerlo "sin ser castigados" sin las ayudas por la Administración. "Somos conscientes de que muchos centros, la mayoría, van a seguir con el sistema de catering porque les funciona bien, pero no hay que frenar a aquellos centros que desde su autonomía prefieran un sistema de comedor más sostenible".

Ya en 2011, el PNV presentó una proposición no de ley que instaba al Departamento de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca en coordinación con Educación a implantar proyectos piloto de comedores sostenibles, ya que esta nueva modalidad "no solo pretende suministrar alimentos de calidad a nuestra población infantil, sino también promover una dieta equilibrada que favorezca la salud e introducir platos tradicionales y de temporada". Finalmente esta iniciativa no prosperó, como ninguno de los intentos anteriores promovidos por distintos colectivos. Y es que, aunque nadie discute las bondades de los comedores sostenibles, el Departamento de Educación debe hacer frente a una situación cada vez más complicada, en la que se ha multiplicado exponencialmente el número de comensales (de 30.000 en 2000 a los 92.000 actuales) y, en la misma medida, el gasto público en el servicio de comedor (de 16 millones de euros a los más de 88 millones, junto a los 30 que ponen los padres con sus cuotas).

Sostenibilidad del modelo Los promotores de la proposición no de ley para posibilitar la gestión propia reconocen que la orden que regula los comedores "responde a una realidad compleja". Sin embargo, consideran que "son inaceptables las restricciones y situaciones injustas que se imponen", como dejar sin ayudas a las familias que han decidido que los centros de sus hijos no se suban al carro del catering y que habrían demostrado que "son sostenibles económica, ecológica y socialmente".

La escuela pública de Larrabetzu es uno de esos ejemplos de sostenibilidad. A diario confecciona 250 menús con productos de temporada de productores y pequeños comercios locales. El curso pasado destinó 51.000 euros a la adquisición de materias primas: el 47%, en comercios del pueblo; el 17%, en productores locales, y el resto, de productores de Nafarroa y Gipuzkoa. Solo un 21% del gasto fue a parar a manos de grandes cadenas. Este comedor da trabajo a trece personas. Y las familias -a las que se les quitó las ayudas en 2008- pagan 4,6 euros por menú, lo mismo que el resto de usuarios de la pública que sí disfrutan de la ayuda.

Los defensores de estos comedores creen que los ayuntamientos podrían involucrarse ya que pueden organizar el abastecimiento de la producción local, lo cual "supondría un efecto muy positivo en la economía local". Además, dicen, "se crean puesto de trabajo y se da lugar a crear una base sólida de hábitos alimenticios saludables".

Propuesta. Ehige pide que los comedores públicos que opten por una gestión propia también estén cubiertos por la orden que regula el sector y que se incorporen a la normativa criterios de sostenibilidad para aprovechar el efecto positivo que puede tener el comedor en la Agenda 21.

Razones. Las familias persiguen cambiar la actual legislación de comedores por otra que permita la diversificación de los comedores y la realización de experiencias piloto. Promueven un modelo de desarrollo distinto de las economías de escala, creando alternativas productivas más eficientes, buscando canales cortos de producción y distribución, que facilitaría la trazabilidad del producto y aseguraría el beneficio del propio productor local.

Cambios. Piden destacar:

- La importancia del comedor escolar como herramienta educativa, y la necesidad de hacer valer su utilidad para el fomento de hábitos alimenticios saludables, así como de valores cívicos como la cooperación o la responsabilidad.

- Subrayar el potencial que tienen los comedores escolares como vertebradores de un desarrollo territorial equilibrado, si se conecta la demanda de abastecimiento con una producción ecológica local bien planificada. Las experiencias de países como Italia, Dinamarca, Francia o Escocia, entre otros, demuestran que es posible hacerlo, sin sobrecoste alguno para las familias.