MADRID. EL Partido Popular ha dado el jaque mate a la sanidad pública ya que los ajustes han marcado por segundo año la política sanitaria del Gobierno español, y lo han hecho por la puerta grande. La gota que colmó el vaso de la paciencia de la ciudadanía fue la penúltima idea de la ministra Ana Mato, el nuevo copago de medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales para enfermedades crónicas o graves, como cáncer o hepatitis. Una nueva penalización con la que la medicina ha dejado de ser en el Estado español universal y gratuita para convertirse en un concepto mercantil, sujeto a compra venta. Lo primero que llegó fue el copago, en junio de 2012, que fija distintos porcentajes de cobro por los medicamentos en función de la renta y contempla, por primera vez, que los pensionistas paguen una parte del precio de ciertas medicinas.

Con la sanidad herida de gravedad, el Gobierno vasco ha ido plantando cara uno a uno a estos recortes. En el primer caso, con un recurso para evitar implantarlo. Y en el segundo, y tras verse obligado a su aplicación, a través d un decreto para reembolsar a casi medio millón de vascos con efecto retroactivo lo gastado por el copago farmacéutico, en total, alrededor de dieciocho millones de euros.

En esta tentativa por dejar la salud de los españoles ingresada en la UCI, el Ministerio de Sanidad también ha excluido nada menos que 425 fármacos del listado que financia la Seguridad Social, incluyendo boticas de consumo habitual como antigripales o antiinflamatorios. El PP ha impuesto asimismo un copago de cinco euros por trayecto en las ambulancias no urgentes con un tope de veinte. Tampoco los productos para pacientes con enfermedades que impiden la ingestión de alimentos sólidos están exentos de desembolso. Cuestan una media de 500 euros al mes y el copago es de un 10% por envase. Los productos para la alergia o intolerancia a la lactosa, tienen copago según la renta.

Con estas actuaciones, el balance para el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) Rodríguez Sendín en materia de salud y sanidad no puede ser peor. "¿Lo más positivo? Creo que se ha tocado fondo y ahora hay que lograr estabilidad y recuperar la confianza. Si a alguien se le ocurre pasar la línea roja de este año, sería gravísimo para el sistema sanitario". "Se ha recortado en exceso y se ha reformado poco", concluye. Los pacientes crónicos también han dado la voz de alerta y han advertido de que "los recortes provocan que muchos enfermos tengan que abandonar sus tratamientos por no poder hacer frente a sus costes", tal y como señala María Victoria Palomares de la Asociación de Enfermos Respiratorios.

La sanidad pública española funciona desde 2009 con recursos cada vez más menguados. Hospitales, consultorios y centros sanitarios están obligados a cuidar de la salud de sus pacientes con más de 3.000 millones de euros de recorte. Y con un 10% menos en su dotación de personal: 52.000 profesionales fuera del sistema. "Es una regresión de una década", resume un estudio del sindicato CCOO.

Con nocturnidad y alevosía

Tijeretazo vía BOE

Cuando se creía que el tijeretazo no podía ser mayor, en septiembre saltó la alarma tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado una resolución que establecía un copago de un 11%, con un tope de 4,20 euros, para un grupo de fármacos de dispensación hospitalaria destinados a enfermedades crónicas graves, como el cáncer o la hepatitis C. La medida, que debía entrar en vigor el 1 de octubre, abrió de nuevo la brecha entre comunidades autónomas después de que la mayoría decidiera no aplicarla. Unas por oponerse a ella, como dejó claro desde el primer momento Euskadi, que presentó un recurso ante los tribunales, y otras porque, de momento, su logística no se lo permitía.

Pero esta nueva medida ha venido acompañada de otras como el cambio de criterios para acceder a los tratamientos de reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud, que establecen como nuevo requisito para acceder a ellos ser mujer estéril. Otra decisión que el Departamento de Salud del Ejecutivo de Urkullu ha decidido no secundar.

Medidas disuasorias en un año sanitario que comenzó con la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el cobro de un euro por receta médica establecido en la Comunidad de Madrid, al igual que ya había hecho en diciembre con Catalunya, por considerar que esa tasa vulneraba la igualdad de los ciudadanos. Estas iniciativas están suspendidas cautelarmente por el Constitucional hasta que resuelva sobre ambos recursos.

En pie de guerra

La eclosión de mareas blancas

La indignación ha saltado a la calle y el centro de todas las protestas han sido los gestores autonómicos. Véase, por ejemplo, las mareas blancas en contra de la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, las quejas por los impagos a las farmacias en varias autonomías o las motivadas por el cierre de urgencias nocturnas en varios municipios de Castilla-La Mancha. La crisis y los recortes del Ejecutivo han laminado el desarrollo de la ley de dependencia e incluso la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reconocido que "es muy difícil" cumplir la norma con la situación económica actual.

Y eso que nada de lo hecho en política sanitaria venía en el programa del PP. Los recortes efectuados en este capítulo han tirado por el suelo compromisos de campaña como No habrá copago en sanidad o el PP se compromete a que educación, sanidad y pensiones jamás se verán afectadas por la crisis económica.

Sin embargo, Sanidad siguió deteriorando el derecho a la salud e incluyó en el repago las prótesis, el transporte sanitario no urgente, muletas, sillas de ruedas y audífonos, excluyó más 450 medicamentos de la financiación pública e impuso un largo listado de tijeretazos que han supuesto la pérdida de 53.000 empleos en dos años.

Expulsados del sistema

Inmigrantes sin sanidad

Otra medida no prevista fue la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Un nuevo remiendo que el Ejecutivo de Gasteiz también se ha visto obligado a capear con un decreto que dejó sin efecto la norma del Gobierno de Rajoy de retirar la condición de beneficiario de asistencia a estos extranjeros. De esta manera, Lakua acogió directamente a cerca de 60.000 personas que el PP había expulsado del sistema. Una norma que ahora permanece recurrida.

Desde que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno ha dado de baja 748.835 tarjetas, la mayoría extranjeros irregulares, pero también españoles mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social y desempleados de larga duración a partir de los dos años de paro. Pero agárrense que vienen curvas. Puede ser que el 2014 sea peor, ya que el de Sanidad es el Ministerio que sufrirá el mayor recorte en los Presupuestos del Estado. El departamento recibirá el año próximo 1.907,60 millones de euros, un 35,6% menos que en 2013.