Madrid. No hubo milagro. La ley Wert es un hecho. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó ayer en el Congreso con los votos del Partido Popular su reforma de la enseñanza, la séptima ley educativa de la democracia, la que algunos denominan ya la breve, porque la oposición se ha comprometido a derogarla cuando cambie el juego de mayorías, como hizo el PSOE en 2004 con la LOCE de Pilar del Castillo. El hemiciclo, que por la mañana vio cómo el ministro de Educación salvaba su segunda reprobación, fue el reflejo de la incapacidad -pretendida o no- del PP para tejer el más mínimo consenso en torno a una materia tan sensible como la enseñanza. Ningún grupo parlamentario votó a favor de una norma censurada dentro y fuera de la Cámara. Salió adelante con 182 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones de UPN.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), antes incluso de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, pasará a la historia por haber llevado al sistema educativo a una crispación máxima que se ha canalizado a través de dos huelgas generales y cientos de movilizaciones durante los 14 meses que ha durado su tramitación. Ni la Iglesia parece que ha quedado contenta. Y eso que la ley Wert ha satisfecho muchas de sus aspiraciones. Religión ha dejado de ser una maría, computará para la nota media por lo que contará para acceder a una beca; se ha recuperado la alternativa a Religión con el fin de frenar la caída en picado del interés por esta asignatura; y se ha eliminado Educación para la Ciudadanía (aprobada en 2006 por el PSOE) porque tanto el PP como la Iglesia entendían que adoctrinaba en el laicismo. So pretexto de afianzar la "libertad de elección de las familias", los colegios concertados (en su mayoría gestionados por la Iglesia) se han visto beneficiados por un empujón inédito. Además, los colegios con educación diferenciada, es decir, los que separan a chicos y a chicas, podrán recibir financiación pública pese a las sentencias contrarias del Tribunal Supremo.

El Gobierno del PP ha materializado una de sus históricas obsesiones: recuperar las reválidas nacionales para ESO y Bachillerato como condición para lograr el título. Controlará mucho más los contenidos ya que fijará el currículum de las materias troncales, ha creado una FP básica a la que se derivará al alumnado con más problemas de aprendizaje, se reduce la capacidad de decisión de los consejos escolares, se afianza la figura del director...

Recursos ante el Constitucional Varias organizaciones y comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, ya han anunciado que recurrirán la Lomce ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, afirmó el miércoles que el Gobierno Vasco mirará con lupa los reales decretos que acompañarán la ley para, en su caso, "recurrirlos si nuevamente invaden competencias". Algunas comunidades como Catalunya han ido un poco más allá, al menos de palabra, y se han declarado insumisas.

La reforma estrella del Gobierno Rajoy no contaba ni con el plácet de las comunidades gobernadas por el PP, que en el Senado forzaron al ministro José Ignacio Wert a escalonar su aplicación hasta 2017. Y es que ni hay dinero, ni infraestructuras, ni tiempo material para adaptar el sistema a todos los cambios en menos de nueve meses como pretendía el ministro: enviar a los centros las nuevas instrucciones, adecuar las plantillas, espacios y equipamientos a las nuevas especialidades, formar al profesorado, regular los nuevos procesos de matriculación o adaptar los materiales curriculares y libros de texto. El calendario de implantación se mantiene, tal y como estaba previsto, pero el curso 2014-15 para primero, tercero y quinto de Primaria; y para segundo, cuarto y sexto en 2015-16.

Bronca en el Congreso Ante este panorama a nadie extrañó que el debate de ayer en el Congreso fuera bronco. Wert, el ministro protegido de Rajoy, acabó entre los aplausos de los suyos tras el susto que Soraya Sáenz de Santamaría le dio por la mañana. La número dos del Gobierno español, protagonizó una de las anécdotas del día al votar por error a favor de la reprobación de Wert a propuesta del PSOE. El lapsus despertó más de un comentario malicioso en los pasillos del Congreso porque son conocidos los desencuentros entre la vicepresidenta y el ministro, el último, tras la decisión de retirar la beca Erasmus a mitad de curso. De hecho, fue ella quien obligó a Wert a rectificar la decisión.

Invade competencias, es españolizadora, reaccionaria, clasista, ataca el modelo de inmersión lingüística catalán, minusvalora a la educación pública, no es laica, retira la asignatura Educación por la Ciudadanía y defiende la educación diferenciada por sexos... Estos son algunos de los reproches que se volvieron a escuchar ayer desde la oposición. No obstante, el ministro hizo una breve intervención al final para agradecer las aportaciones que los grupos han llevado a cabo en el trámite parlamentario. Fiel a su estilo dijo: "Espero que no se malinterprete que haga una cita bíblica, siguiendo las palabras de la Eclesiaestés: Hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir y espero que a partir de jueves empiece el tiempo de construir".

La más original en su crítica fue la diputada de Amaiur, Maite Aristegi, que se arrancó con un bertso: "Estamos construyendo nuestra propia educación en Euskal Herria. No dejaremos que entre la LOMCE en nuestras aulas". La presidenta del Congreso, Celia Villalobos respondió a esta inusual intervención quitando el sonido del micro. "Acudiremos al Tribunal Constitucional", anunció el portavoz de Educación socialista, Mario Bedera, que se dirigió al ministro para recordarle que "lo verdaderamente patriótico" es que dimita y retire la ley.

La portavoz de Educación del PNV en la Cámara baja, Isabel Sánchez Robles, describió la ley Wert como un "enorme muro" que separa al sistema educativo de la realidad social y educativa y reiteró la intención del Gobierno Vasco de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Según afirmó, esta ley es un "dislate jurídico", que presenta "injerencias" en el ámbito competencial, además de "menoscabar" el derecho a la educación, entre otros.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, reiteró el "no rotundo y convencido" de su grupo a la Lomce y aseguró que a su paso por el Senado "ha empeorado" con la introducción de enmiendas sobre los conciertos a centros de educación diferenciada, "desoyendo" al Consejo Escolar del Estado. Asimismo, censuró el uso "partidario y lamentable" del sistema educativo y alertó sobre el informe policial "filtrado" que "cuestiona" al profesorado navarro ante el "silencio institucional y del ministro".

La reforma sale adelante a pesar de haber tenido 11 vetos en la Cámara alta, 8 en el Senado y 1.600 enmiendas parciales. Sale adelante a pesar de la oposición mayoritaria de la comunidad educativa (profesorado, familias, centros, sindicatos), que ayer volvió a echar a la calle de las capitales de Hego Euskal Herria bajo un mismo lema: En Euskal Herria, nuestra educación. No a la Lomce.