MADRID. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el anteproyecto de ley de medidas de reforma de la Administración incluirá medidas para reforzar los mecanismos de identificación de los recién nacidos.
Sáenz de Santamaría ha destacado que el Ejecutivo atiende así a la "alarma social" causada por el "drama" de los 'bebés robados' y ha aprobado que, en caso de fallecimiento, dos facultativos certifiquen que no existe "ningún género de duda" sobre la relación materno-filial a través de las pruebas médicas, biométricas y analíticas practicadas.
En caso de fallecimientos de recién nacidos en centros sanitarios tras los seis primeros meses de gestación, se exigirá que el certificado de defunción esté firmado por dos facultativos, quienes "bajo su responsabilidad, deberán suscribir que del conjunto de pruebas practicadas con el material genético de la madre y el bebé no se desprenden dudas de la relación materno-filial".
