vitoria. Los concejos alaveses se enfrentan estos días a un futuro incierto y angustioso motivado por una reforma impulsada por el PP que grosso modo acabaría de un plumazo con sus históricas competencias y capacidad de decisión. Esa reforma, ahora en pleno de debate, responde al nombre de Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un intento por parte del Gobierno central de adelgazar todo su sistema administrativo en aras del ahorro económico. El todavía anteproyecto pretende equiparar a las Entidades Locales Menores alavesas, que se rigen por el Régimen Foral, con las del resto del Estado -sujetas al General-, lo que de facto supondría la absorción de sus competencias por instituciones de rango superior como la Diputación alavesa y el Gobierno Vasco. En definitiva, explicaban recientemente a este diario un grupo de afectados de Trespuentes, Pipaón y Albéniz, los concejos -que organizan a través de Acoa las jornadas Los concejos ante la reforma local- perderían su histórica capacidad de participación y decisión, además de la cesión de todos sus bienes al municipio al que pertenezcan o al propio ente foral.

¿Qué opinión le merece la reforma que está planteando el Partido Popular en este sentido?

Como primera valoración, diría que es de dudosa constitucionalidad ya que se produce por un lado una invasión competencial por parte del Estado, y de otro parte, tiene lugar también una vulneración de la autoridad de los gobiernos locales. El resultado es que las críticas no han tardado en aparecer. El dictamen del Consejo de Estado fue la primera, pero luego se han sumado las de la FEMP y las de diversas comunidades autónomas.

¿Cómo justifica ese, a priori, exceso competencial por parte del Estado en todo ese asunto?

Puede que al propio desconocimiento de la realidad. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha afirmado en anteriores ocasiones que las entidades locales menores no son constitucionalmente necesarias, pero sí es cierto que en muchos casos como el vasco, están muy enraizadas e interiorizadas. Forman parte del núcleo duro de la foralidad, por eso creo que esa intromisión del Estado es amplia.

Díganos por qué no deben desaparecer los concejos...

Si se toma la decisión de que desaparezcan, lo primero que debemos saber es a quién corresponde la competencia de hacerlo, y eso está ahora en cuestión. Y en segundo lugar, como razón de fondo, afirmaría que no se pueden tomar medidas uniformes de este calado para todo el Estado, puesto que existen realidades distintas y entidades locales absolutamente diferentes. Ustedes son un buen ejemplo (por Euskadi). Los concejos alaveses tienen un gran arraigo en la foralidad del territorio y desarrollan funciones relevantes que sí es cierto que se podrían mejorar, pero a mi juicio creo que merecerían la pena que se respetasen.

Parece razonable que en tiempos de penurias y ajustes, el Gobierno decida meter mano a la basta red administrativa de todo el país en aras de obtener un sistema mucho más eficiente y económico...

Parece ser que la reforma en cuestión surge en aras de consolidar ese principio loable que es el ahorro económico y que pasaría por adelgazar la Administración. Por ahí no hay problemas. Es más, me parece razonable y tiene base constitucional, lo que ocurre es que si ése es el verdadero y único motivo que ha impulsado esta reforma, habría que analizar caso por caso, y llegados en tal punto al de las entidades locales menores vascas, estoy seguro de que no se conseguiría, dado que me consta que sus Cuentas tradicionalmente siempre han estado saneadas.

¿Hay margen para el cambio?

Claro que sí y para eso estamos hoy aquí, para tratar de explicar una realidad que no se puede medir bajo el mismo rasero. El anteproyecto de ley se encuentra en estos momentos en la fase del plazo para la presentación de las enmiendas, entre las que se podría sopesar la diferenciación entre las Entidades Menores Locales de Régimen común y los concejos alaveses.