gasteiz

Ana Mato "y remato, como digo yo". Alicia Iglesias, portavoz de la asociación vasca de Artritis Reumatoide, no bromea. Expresa su indignación con el nuevo copago hospitalario que implantará el Ministerio de Sanidad. "Es una barbaridad. No sabemos lo que va a ser de nosotros. Además de todas las medicinas que tomamos, antiinflamatorios, cortisonas... y que ya estamos pagando, ahora nos viene esto. Es la gota que colma el vaso y ésta nos va a ahogar", clama al cielo. Alicia Iglesias explica que, en su caso, los medicamentos a pagar son fármacos biológicos relativamente nuevos que solo facilita el hospital. "Se están saltando todo, menos mal que el consejero vasco parece que se va a plantar", dice como única señal de esperanza.

Las voces al copago hospitalario, anunciado con nocturnidad y alevosía en el BOE, hablan tan alto y claro que corremos el riesgo de ensordecer. "Hacernos pagar el 10% de los medicamentos que necesitamos para vivir es una manera elegante de quitarnos de en medio", dicen. Mercedes Garaikoetxea, de la asociación vasca de Afectados de Psoriasis, secunda enérgica la queja. "Nos van a cobrar por una medicación imprescindible para tener un poco de calidad de vida; ya solo nos falta que cobren las operaciones", se queja, con miedo a dar ideas.

Con esta nueva penalización, la medicina deja de ser, definitivamente, universal y gratuita y se convierte en un concepto mercantil, sujeto a compra venta. "A partir de ahora, los enfermos ya no preguntarán si el tratamiento les va a curar, sino cuánto les va a costar", vaticinan los promotores de la campaña de desobediencia civil Yo Sanidad Universal. "Con el modelo anterior la sanidad estaba garantizada a toda la población. Ahora, ya no", dice José Luis Ruiz-Giménez, que asegura que el sistema sanitario español ha dejado de ser universal y solidario para convertirse en excluyente e inhumano. La medida que el Gobierno del PP publicó la pasada semana en el BOE pone fin a una máxima que creíamos inamovible. Pretende que se pague el 10% de 43 fármacos destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades como cáncer, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple o tratamientos de fertilidad que habían quedado libres del copago.

más gastos y menos ingresos

Obligados a dejar el trabajo

Las críticas son tantas que suman una lista innumerable. La Asociación contra el Cáncer, por ejemplo, recuerda que en algunos de los casos de cáncer, como, por ejemplo, los tumores cerebrales, los enfermos reciben el tratamiento de quimioterapia por vía oral con fármacos que están incluidos en el listado del copago hospitalario. Tanto pacientes como médicos ponen en entredicho el supuesto efecto disuasorio de la medida. "Cuando un clínico prescribe uno de los fármacos incluidos ahora en el copago, lo hace porque considera que es la mejor alternativa terapéutica para el enfermo en cuestión; es una decisión que el especialista adopta tras un proceso muy meditado y tras estudiar la historia clínica", subraya el oncólogo Luis de la Cruz.

La Federación de Padres de Niños con Cáncer se lamenta. Su presidenta, Pilar Ortega, advierte de que las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros y que algunos de sus miembros dejan el trabajo para atender al menor afectado. No son los únicos. La Plataforma de trabajadores y usuarios por la Salud alerta también de que algunos pacientes con enfermedades graves podrían abandonar algunos tratamientos, ya que muchos de ellos tienen problemas económicos por los efectos de su enfermedad que les impide un desarrollo laboral normal.

Incluso los expertos se rebelan. La sociedad española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) califica de "plenamente injustificado" el sablazo porque "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional. Según su presidente, José Luis Poveda, esta resolución crea una distorsión en la equidad de acceso a los medicamentos en grupos de pacientes, ya que para una misma indicación terapéutica, dependiendo de la prescripción, el paciente recibirá la medicación de forma gratuita o tendrá que realizar la nueva aportación establecida.

no se libra nadie

Un año de copagos

Pero Ana Mato es impermeable al desasosiego creado y ha puesto a los medicamentos en su punto de mira desde que llegó al Ministerio de Sanidad. Primero, vino la implantación del copago y la retirada de más de 400 fármacos de la financiación pública. Ahora, la ministra ha aprobado la resolución más cuestionada, el cobro -a partir de este mismo martes- del 10% del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria.

Se trata, a juicio del secretario general de Satse Euskadi, José Antonio de Leniz, de una nueva barrera que dificultará el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos recursos, "lo que puede provocar que las personas que no puedan afrontar ese gasto opten por no continuar el tratamiento". "Así, su problema puede agravarse, con la consiguiente repercusión negativa en su salud, además de mayores gastos para el sistema sanitario por las complicaciones que pudieran originarse y requerir un tratamiento más largo, más medicamentos o más técnicas".

Tras este nuevo copago impuesto a los enfermos con dolencias más graves, más difíciles de tratar y con tratamientos prolongados en el tiempo, conviene recordar todos los copagos impuestos por el Gobierno del PP que aumentó el copago farmacéutico para todos los ciudadanos y, por primera vez, impuso el copago a los pensionistas.

Por si este repago no fuera suficiente, Sanidad sacó nada más y nada menos que 425 fármacos del listado que financia la Seguridad Social, incluyendo boticas de consumo habitual como antigripales o antiinflamatorios. El PP ha impuesto también un copago de 5 euros por trayecto en las ambulancias no urgentes con un tope de 20 euros. Tampoco los productos para pacientes con enfermedades que impiden la ingestión de alimentos sólidos están exentos de desembolso. Cuestan una media de 500 euros al mes y el copago es de un 10% por envase. Los productos para la alergia o intolerancia a la lactosa, tienen un copago en función de la renta. En definitiva, no se libra nada ni nadie.

No es la primera vez que el PP dispara contra el arsenal de farmacia. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implantó el euro por receta, medida que previamente se había establecido en Catalunya. A ello se opuso el Gobierno central, que recurrió ante el Constitucional para lograr la suspensión en ambas autonomías.