APROBADo por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales no ha logrado satisfacer a nadie: químicos, arquitectos, ingenieros, procuradores.... Más bien lo contrario, ha conseguido enervar los ánimos de numerosos profesionales que consideran que la nueva ley solo empeorará la calidad de los servicios prestados y marginará a su colectivo en particular.

"El reglamento salió adelante el pasado 2 de agosto casi con nocturnidad y alevosía; se hizo tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones del verano. El fin era publicarlo para evitar ese golpe inicial que iba a revolucionar a todas las profesiones", explica a DNA Pablo Bustamante, presidente del Consejo del País Vasco. Ellos han sido uno de los primeros colectivos en alzar su voz.

En Euskadi hay alrededor de 400 -con todo el equipo que tiene cada uno de ellos- y su decano afirma que el reglamento solo servirá para empeorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, "que retrocederá a situaciones de hace más de treinta años".

"Se atiene exclusivamente a criterios economicistas. En ningún momento han tenido en cuenta los problemas que tienen los profesionales y el sector. Estamos muy preocupados porque la profesión puede desaparecer si no se da marcha atrás al anteproyecto. Además, en los tiempos que vivimos de crisis esta situación puede afectar a un colectivo de más de cincuenta mil personas en todo el Estado que se quedarían en el paro", añade el decano de los procuradores, una opinión compartida por el resto de los decanos del Estado. El Gobierno español basa la ley en la necesidad de la nueva regulación en las peticiones de organismos como la OCDE, el FMI o la Unión Europea.

En la exposición de motivos el anteproyecto explica que un sector como el de los servicios profesionales que genera alrededor del 9% del PIB y representa casi un 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario debe contar con un marco regulatorio específico y no dejar el existente, que data de 1974.

Según el texto, será obligatorio estar colegiado para poder ejercer para los profesionales de la salud, y para ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y otros posibles técnicos en un colegio competente por razón de la materia. También se menciona la colegiación obligatoria, aunque con matices, para letrados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores.

exigencias de la ue Sin embargo, Bustamante considera que las supuestas exigencias que, según el Gobierno español, pide la UE para la aprobación del texto no han sido justificadas ni tampoco debatidas por el Ministerio de Economía. "Contamos con el apoyo del Ministerio de Justicia y también con la mayoría de los colectivos de abogados. Acabo de mantener una reunión con el decano de los letrados de Bizkaia en la que me ha mostrado su total apoyo. Esta ley puede causar un daño irreparable no solo a los profesionales, sino fundamentalmente a la ciudadanía que utiliza la Justicia", subraya.

Según el Ejecutivo español, el anteproyecto persigue acabar con los aranceles para que sus honorarios sean fijados libremente con los clientes, y elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Bustamante piensa que este reglamento supondría un perjuicio, más que para la abogacía o la procuraduría, para la Administración de Justicia y la ciudadanía.

"En todo el Estado llegan a cerca de 50 millones anuales que son recibidas por los procuradores sin posibilidad de repudio; los procuradores no podemos entorpecer el procedimiento, porque la ley establece claramente que tenemos que recibirlas", explica didácticamente el decano de los procuradores.

Bustamante niega, asimismo, que por el hecho de que los abogados se encarguen de la defensa y también de la representación del cliente ante los tribunales se vaya a reducir la factura final. "El despacho precisará de un equipo que asuma nuevas funciones y la mayoría seguirá contratando el servicio de los procuradores porque les saldrá más rentable", dice con convencimiento.