vitoria. Alertan de que casi con la misma celeridad con que el índice de tolerancia hacia otras culturas e identidades se desploma, los episodios de abuso de poder y de desigualdad prosperan en la geografía vasca, pero también en otras zonas. De hecho, el número de denuncias, quejas y protestas recogidas en las oficinas de SOS Racismo en Euskadi se ha incrementado en el último año. La mayoría, subrayaban desde este colectivo, hacen referencia a casos que pasan desapercibidos para el ciudadano de a pie aunque ocurran en su misma localidad, y a los que las instituciones hacen oídos sordos en numerosas ocasiones.

"El tema estrella han sido los recortes sociales y sanitarios", concretaba Brígida Ridruejo, portavoz de esta plataforma. No obstante, el grueso de esas denuncias tiene que ver con las redadas policiales, las identificaciones arbitrarias y con los problemas para poder acceder a una vivienda o un local, o a cursar estudios en la Escuela Oficial de Idiomas. "Muchos de esos asuntos se han naturalizado y se han hecho casi parte de la identidad de ser inmigrante", lamentaba Ridruejo.

Se refería a impedimentos para poder entrar a un local de ocio porque sí, para poder optar a un piso en alquiler en Etxebide por carecer de permiso de residencia, para acceder a las prestaciones sociales y a los derechos laborales por el marco legal y normativo existente,... En definitiva, resumió Agustín Unzurrunzaga, miembro también de SOS Racismo, "elementos discriminatorios unidos a problemas sociales reales y que muchas veces quedan escondidos, en segundo plano, sin trascendencia pública pero que en nuestras oficinas de información y denuncia tienen un peso grande".

No obstante, la situación que desvela a este colectivo tiene que ver con las operaciones policiales rutinarias para fichar a ciudadanos extranjeros o para detenerlos después de batidas organizadas en edificios abandonados y lugares donde habitualmente se reúnen personas en situación administrativa irregular. "Nos preocupa por su gravedad" ilustraba Ridruejo ya que, según describió, las redadas han sido numerosas; ellos han contabilizado hasta cuatro macrodispositivos de estas características, todos ellos en la capital vizcaina. Como ejemplo presentó el del 8 de noviembre del año pasado en Zorrotzaurre donde fueron identificadas 54 personas, 36 de ellas detenidas y 11 enviadas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid para su posterior expulsión si el procedimiento judicial se completa en el tiempo de detención fijado. De no ser así, vuelven a ser puestos en libertad.

Redadas en refugios "Han sido redadas que se han producido en lugares donde se refugiaban para dormir personas sin hogar, en situación de exclusión social y el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con Policía Nacional ha hecho esas redadas entrando en lo que debería ser el domicilio inviolable de esas personas acabando con un problema social con medidas policiales en vez de otras intervenciones más adecuadas como bien dice el Ararteko", redondeó Ridruejo.

Precisamente ayer, Iñigo Lamarca llamaba la atención sobre el empobrecimiento de las clases medias como consecuencia de la actual coyuntura económica y laboral, y advertía que esta situación puede generar conflictos y "romper los contratos sociales ahora existentes. Es gente que tenía unos ingresos económicos holgados y que ahora apenas llega a fin de mes, pero tampoco cumple los requisitos para acceder a las ayudas sociales; es un escenario de alto riesgo", subrayó.

En este sentido, el Ararteko explicó que las quejas por las ayudas sociales han pasado de 32 en el año 2010, a 1.010 en los meses transcurridos del presente ejercicio; y el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos se ha incrementado desde los 37.000 de 2007 a los más de 60.000 de 2013", constató.

En este punto, los portavoces de SOS Racismo advirtieron que la crisis y el desempleo abocan a muchas personas a la irregularidad administrativa sobrevenida ya que el permiso de residencia al que tiene acceso la mayoría de las personas extranjeras está vinculado a su situación laboral. Y a este descorazonador contexto deben añadir la discriminación en el acceso a las prestaciones.