Vitoria. La oposición ha forzado la investigación del elevado alquiler que el Ayuntamiento paga al mes por unos locales en el número 10 de la calle San Antonio. Un contrato firmado en 2007 por el exalcalde Alfonso Alonso y el expresidente del Alavés Gonzalo Antón. Un contrato, además, blindado a veinte años por el que los gasteiztarras pagan 50.000 euros al mes y que no se puede rescindir salvo abonando cerca de siete millones de euros al empresario. Pero no es éste el único escándalo que ensombrece la gestión del Consistorio gasteiztarra en las últimas décadas. Si se echa la vista atrás es fácil recordar que en Vitoria ha habido otras comisiones de investigación por dudosa gestión municipal: el lío de la estación de autobuses de la calle Francia, la venta del centro comercial El Boulevard, los viales de Sidenor y el puente de Abetxuko y las irregularidades urbanísticas de los chalés de Ali e Ibaiondo. Casi todas, en la era de Alfonso Alonso. También en ésta, aunque el alcalde es Maroto -hombre de confianza en los gabinetes del ahora portavoz del PP en Madrid- el exalcalde se convierte en protagonista. PNV, PSE y Bildu lo llamarán a declarar, otra cosa es que acuda, porque no tiene obligación de hacerlo. Según el reglamento, únicamente los miembros del actual gobierno están forzados a comparecer.

La oposición espera tener en tres meses las conclusiones de la comisión de investigación sobre el caso San Antonio. Su objetivo es aclarar por qué el gobierno popular de entonces dio este contrato a Antón sin pedir más precios; según Maroto, no es la primera vez que esto ocurre, ya que Cuerda hizo lo mismo con otros inmuebles de San Prudencio. Pero también por qué aceptó Alonso esa cláusula que hipoteca al Ayuntamiento durante dos décadas salvo que abone una indemnización millonaria. Y en tercer lugar, por qué el alquiler contempla actualizaciones de precio muy superiores a las del IPC, incluso de nueve puntos más. En la sombra queda también la duda de por qué se rubricó a las puertas de unas elecciones. Preguntas en el aire para las que los partidos de la oposición esperan una respuesta clara a medida que se sucedan las comparecencias de los implicados en aquel contrato. Maroto, por su parte, no duda de que todo se hizo de forma correcta y, por tanto, se aclarará cuando hablen los técnicos.

También con Cuerda hubo lío en el Ayuntamiento a finales de los 90 cuando un informe del Tribunal de Cuentas detectó una decena de irregularidades en la adjudicación de la reforma de la vieja estación de autobuses, la de la calle Francia, concedida en 1992 con la aprobación unánime de todos los grupos representados en el Pleno. Fueron los socialistas quienes entonces dejaron caer una sospecha de connivencia con los promotores.

Una década después, en mayo de 2004, ya con Alonso en la Alcaldía, la comisión que investigó la venta del centro comercial El Boulevard a los tres meses de inaugurarse concluyó con un dictamen que responsabiliza al entonces alcalde del traspaso del complejo a una fondo de inversiones del grupo holandés ING, lo que evidenció que los comerciantes locales nunca controlaron la propiedad, como hizo creer el gobierno. Precisamente, integrar a los minoristas de Gasteiz fue la excusa utilizada para adjudicar los terrenos a los promotores sin el preceptivo concurso público, y apoyar esta gran superficie desde el Ayuntamiento. El dictamen reprueba políticamente a Alonso, pero no aprecia indicios de ilegalidad en su actuación, ni considera necesario acudir a juicio.

En abril de 2005 se cerró otra comisión de investigación, la abierta para dilucidar por qué los viales de Sidenor -la mayor obra de entonces en Gasteiz- se inauguraron sin estar acabados, con numerosos defectos de los que la empresa no se hizo cargo luego y, en cambio, las obras del puente de Abetxuko, encomendadas a la misma empresa -Corsán-Corviam-, no acababan de arrancar. La investigación concluyó que el gobierno de Alonso dio por buenos ambos proyectos a pesar de que contenían errores fácilmente detectables. Que la revisión de los trabajos se realizó sin rigor y con dejación por parte del Ayuntamiento y que todo ello proporcionó argumentos de fuerza a la constructora para negarse a arreglar los fallos. Que el hecho de inaugurar una obra sin concluir -en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo-, y en contra de la opinión de los técnicos, dejó al Ayuntamiento en una situación de inseguridad jurídica frente a las reclamaciones del contratista. A consecuencia de la polémica de los viales, las obras del puente de Abetxuko se demoraron y la ciudad salió de nuevo perjudicada.

Apenas dos años después del caso Sidenor, la oposición decide investigar otra dudosa gestión que todavía levantó más polvareda y que, a la postre, supuso la salida del PP del gobierno local: las irregularidades urbanísticas por los chalés de Ali e Ibaiondo. A un lado, de nuevo Alonso, como exalcalde, e Ibarrondo, como concejal de Urbanismo; al otro, otra constructora, en esta ocasión Opacua. En el caso de Ali -que llegó a los tribunales-, la investigación concluyó que en la parcela donde se levantaron siete chalés sólo debían haberse construido seis, y que la licencia fue concedida de forma irregular, al margen del procedimiento habitual seguido por la Administración. Y en el caso de Ibaiondo, las conclusiones de la investigación hablan de un supuesto enriquecimiento injusto de la constructora y un grave daño patrimonial a las arcas públicas en la cantidad de 1,3 millones de euros cobrados después de forma "ilegal" en concepto de sobreprecio a los propietarios de los 24 chalés. Además, responsabiliza al concejal y al director de Urbanismo por modificar "de mala fe" dos acuerdos de Pleno para que la empresa ganase más dinero al encarecer los unifamiliares bioclimáticos. De nuevo, una dudosa gestión municipal cuesta dinero a la ciudad.

Otros casos polémicos Los mandatos de cuatro alcaldes dan para mucho en una ciudad. Desde que se instauró la Democracia han sido varios los casos polémicos que han puesto en el punto de mira a los gobernantes, aunque no se haya llegado a convocar una comisión de investigación. Los más recientes, ya con Maroto en la Alcaldía, son los de los beneficios fiscales del Iradier Arena y el precio de los pisos de Arkaiate. Anteriormente, en la legislatura pasada, a Lazcoz también se le pidieron explicaciones por el caso del chalé de Matauco y el mobiliario urbano. Incluso el PP presentó una querella criminal, que no prosperó, contra el exalcalde socialista.