gasteiz. PNV, PP y PSE unieron ayer sus votos para aprobar el dictamen que modifica la proposición de Ley de las Juntas Generales alavesas que pretendía prohibir el fracking de forma expresa en espacios protegidos. Tan sólo EH Bildu se posicionó contra un texto que a su juicio desnaturaliza la iniciativa del Legislativo alavés, que allí salió adelante hace ahora un año con los votos de PNV, EH Bildu y Ezker Batua (EB).
Defienden las tres formaciones que aprobaron el dictamen que éste mejora la propuesta de las Juntas por varias razones. La primera de ellas, y así lo advirtió en su día el propio Ejecutivo vasco, es que cualquier prohibición genérica por motivos medioambientales choca con la doctrina del Tribunal Constitucional. Así, el nuevo texto elude vetar la fractura hidráulica y deja la potestad para hacerlo en los gestores de estos espacios naturales, en el caso de los parques naturales, las diputaciones y los municipios que de ellos forman parte. Lo que sí prohibe el dictamen es cualquier actividad extractiva en estos espacios protegidos si no se respetan los valores medioambientales del lugar y no se restablece el paisaje una vez concluida la explotación.
Según el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria, el texto aprobado ayer "mejora" la propuesta de las Juntas, por cuanto aporta "mayor seguridad jurídica", y además acerca la decisión ultima sobre el fracking a los vascos más directamente afectados por esta técnica de extracción.
El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu, por su parte, aseguró que el dictamen aprobado ayer "abre las puertas al fracking" en la Comunidad Autónoma Vasca, después de que PNV, PP y PSE hayan "desdibujado" la propuesta de las Juntas Generales de modificar la Ley de Conservación de la Naturaleza. Maeztu afirmó que el Partido Nacionalista Vasco "da la espalda a sus junteros alaveses y cede ante el lobby energético, poniendo sus intereses económicos por encima del medio ambiente y el desarrollo sostenible".
Por otro lado, la resolución abre la puerta a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular que abogaba por prohibir el fracking en toda la CAV y que precisamente fue rechazada en primavera porque ya había otra similar en curso, la aprobada ayer. En todo caso, pese a que en su conjunto, Euskadi es una de las comunidades más activas en materia de fractura hidráulica, legisladores y gobernantes han congelado el tema mientras en otras comunidades se está haciendo justo lo contrario.
Los gobiernos de Cantabria y La Rioja, ambas comunidades del PP, han vetado esta práctica en su suelo -Maeztu criticó a PP y PSE por mantener posturas diferentes en cada comunidad -, y el Parlamento navarro ha instado al Ejecutivo de Yolanda Barcina a que haga lo mismo. En la CAV, el cambio de Gobierno paralizó los proyectos en marcha, ya frenados de facto por las trabas administrativas que interpuso el Ayuntamiento de Vitoria, pero el nuevo Ejecutivo autónomo se reservó el derecho de explorar el subsuelo vasco en un futuro, cuando haya tecnologías más seguras.
Preguntado por este medio sobre la prohibición total decretada en La Rioja y Cantabria pese a la doctrina del TC a la que se apela en Euskadi para no hacer lo propio, Telleria aseguró que en el momento en que se haga efectivo ese veto será recurrido, con toda seguridad, por la Abogacía del Estado. De hecho, aseguró, el Ministerio de Economía advirtió en su día la Parlamento Vasco sobre esta cuestión, como hizo también el propio Ejecutivo autonómico.
El caso vasco, de todos modos, no es equiparable a ningún otro porque aquí, al contrario de lo que ocurre en La Rioja o en Cantabria, o en cualquier otro sitio, el Gobierno es arte y parte. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Shesa, perteneciente al Ente Vasco de la energía, es la promotora del proyecto Enara que según el gabinete del lehendakari López iba a convertir a la provincia de Álava en el Catar vasco.
