madrid. Un mes después de la tragedia ferroviaria de Santiago, cuando parecía que el maquinista era el único chivo expiatorio del accidente, surge una cascada de peticiones para que rueden cabezas en Adif y Renfe. La imputación, el pasado martes por "delito imprudente" de responsables de Adif (administrador de la infraestructura viaria) ha sido un golpe contundente del juez Luis Aláez contra quienes han negado cualquier tipo de responsabilidad política en sus comparecencias en el Congreso.

Nada más suceder el siniestro, el maquinista, Francisco José Garzón, fue puesto a los pies de los caballos. Los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, respectivamente, se apresuraron a culpar a Garzón y salieron al unísono a descargar toda la responsabilidad del accidente sobre el conductor del tren, subrayando -incluida la ministra Ana Pastor- que la infraestructura cumplía y los sistemas eran seguros.

Una opinión que desautoriza claramente el auto del juez Aláez ya que reprocha que, en los sistemas de seguridad, no se tenga en cuenta el "previsible despiste del maquinista". Ante la existencia de un "importante riesgo para la circulación, no se dota al sistema de seguridad de ningún recurso que lo resuelva automáticamente ni se alerta al maquinista de ese riesgo más que de modo indirecto", indica. Tampoco comparte que se señale con el dedo acusador únicamente a Garzón la diputada del PP, María Teresa Gómez Limón, herida en el accidente, que pidió el miércoles el cese de los responsables de ambas compañías. "¡Qué menos! En cualquier país democrático ya estarían cesados. Los sistemas de seguridad han fallado por todos los lados, como constata el auto del juez. Es de sentido común, y no entiendo cómo, a día de hoy, aún no están cesados. Ellos son los máximos responsables de la compañía y tienen unos emolumentos acordes", añadió la diputada conservadora.

El instructor de la causa del Alvia Madrid-Ferrol considera responsable al maquinista, pero también apunta que el descuido de Garzón se habría evitado "con el establecimiento de señales visuales de preanuncio y anuncio de limitación de la velocidad". Fomento instaló tres una semana después.

Los sentimientos de solidaridad que había despertado Garzón Amo y sintetizados en un contundente Salvemos al maquinista, firmado por miles de personas, han sido refrendados por el juez que lleva el caso. Luis Aláez no implica a nadie de Adif en concreto, pero considera que "ha existido una omisión de cautelas elementales para quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea" y que ésta es "constitutiva de una imprudencia punible". En su argumentación detalla la mala señalización de la vía, al considerar que la obligada reducción de velocidad de 200 a 80 km/h dependía "de la sola percepción por el maquinista de la aproximación a la curva en función de la visualización de los postes o marcadores kilométricos". El magistrado señala también "la inexistencia de cualquier advertencia previa oportunamente instalada en la línea entre Ourense y Santiago".

cascada de peticiones Más allá de la culpabilidad delictiva, existe la sensación de que se obvian responsabilidades políticas. Sin embargo, los dos principales partidos coinciden ahora en centrar el foco en la investigación judicial y aplazar para después, el debate sobre posibles responsabilidades, a pesar de las numerosas voces que se han alzado en este sentido. Así, tras la decisión del juez instructor de citar como imputados a los responsables técnicos de la seguridad, Izquierda Plural ha registrado en el Congreso una petición para que Pastor explique qué va a hacer el Gobierno en relación a estas imputaciones. Asimismo insisten en reclamar la destitución de los responsables de Adif y Renfe. Una exigencia que también ha hecho suya el BNG. Su responsable de organización, Bieito Lobeira, lamentó que se limiten las responsabilidades penales al ámbito técnico. "Porque el abandono histórico del ferrocarril en Galicia se debe a decisiones políticas", dijo, en alusión a Fomento. No en vano, el Gobierno del PSOE fue quien decidió la instalación del sistema ERTMS, que garantiza el frenado automático del tren si supera la velocidad permitida en cada tramo, solo hasta el kilómetro 80 de la línea Ourense-Santiago ocho meses antes de la inauguración de la obra. El PP no modificó el sistema.

Responsabilidades políticas que también fueron eludidas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su comparecencia del pasado 9 de agosto. Un día antes tampoco se dilucidaron en la que protagonizaron los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre. Declaraciones sin un ápice de autocrítica que se convirtieron en una retahíla de excusas para cubrir el expediente político. Ambos directivos desviaron la atención sobre los técnicos por ser los profesionales que diseñan y ejecutan las obras. Solo la ministra se descolgó con veinte medidas para mejorar la seguridad como la revisión de 15.000 kilómetros de vías.

asociación de víctimas Por otro lado, una treintena de víctimas del accidente ha creado una asociación que pretende personarse en la causa judicial abierta. La Asociación de Perjudicados por el accidente ferroviario del Alvia se registrará oficialmente la próxima semana y espera que más víctimas o familiares se unan a ella. Su impulsor y presidente, Cristóbal González, herido en el siniestro, asegura que "pediremos la verdad, claridad y que esto no vuelva a ocurrir".

Paralelamente, otro grupo, representado por Patricia Rodríguez, ha anunciado que pedirán que se haga una investigación "en condiciones", que se averigüe quién es el culpable, se salvaguarden "los derechos y la dignidad de las víctimas por encima de otros intereses" y se asegure "que no volverá a ocurrir un accidente como éste".