Una medida de perros

El pasado miércoles, el ejecutivo foral publicaba el decreto -rumiado desde hacía meses- que obliga a cada pueblo del territorio alavés a hacerse cargo por su cuenta y riesgo de los perros abandonados de sus respectivos municipios. Hasta ahora, cuando un ayuntamiento tenía constancia de la presencia de un perro vagabundo se ponía en contacto con el centro de protección de animales de Armentia, propiedad del Consistorio gasteiztarra, que acudía a recogerlo con celeridad quedando todos los costes derivados a manos de la Diputación foral. Los pueblos no pagaban ni un euro por ello, pero deberán hacerlo a partir de ahora. Según el nuevo decreto foral, cuando un municipio encuentre un perro abandonado tendrá dos opciones. La primera, recogerlo con sus propios medios, dejarlo en un recinto adecuado dentro del propio pueblo y mantenerlo hasta que una asociación o su propietario -si existe- se haga cargo de él. Todo costeado por el propio pueblo. La segunda opción pasa por recogerlo, ubicarlo en un lugar adecuado destinado a tal fin, avisar a la perrera municipal de Vitoria y pagarle todos los costes que supongan ir a recogerlo y mantener al propio perro posteriormente en el centro de la capital alavesa.

Se decante por una opción u otra, el ayuntamiento de cada localidad pagará todo de su propio bolsillo los costes que se deriven de recoger a un perro. Algo que hasta ahora era potestad de la Diputación, que con esta decisión pretende ahorrarse una cantidad cercana a los 100.000 euros. "Nos va a suponer un gran problema a todos los municipios. Al final somos los más pobres, los de las administraciones pequeñas y locales, los que tenemos que asumir el coste y las competencias de la Diputación", subraya Joseba Koldo Garitagoitia, alcalde de Dulantzi. El ejecutivo de Javier de Andrés argumenta que la subvención que abonaba al centro de protección de Vitoria era una aportación "inviable" económicamente en sus presupuestos.

picaresca "El desembolso económico que nos supondrá a los municipios pequeño habilitar un lugar adecuado para los perros, tener a una persona encargada, la alimentación... Nos quieren cargan más gastos cuando más nos estamos apretando el cinturón", incide el primer edil de Dulantzi. Las consecuencias de esta decisión provocarán tantos contratiempos a los municipios que los pueblos de la cuadrilla de Agurain van a reunirse a la vuelta de las vacaciones para tratar de hallar una postura conjunta frente al citado decreto. "Cosas como ésta sólo van a servir para perjudicar a los animales y provocar la picaresca en los pueblos. Si aparece un perro abandonado, alguno lo cogerá y lo dejará en el pueblo de al lado para que sean ellos los que se hagan cargo de todo", apunta antes de asumir que en algunos casos el destino de los perros podría ser "incluso peor". Aunque la cifra exacta puede variar en función del perro y de las condiciones en las que se encuentre, el coste medio por cada animal abandonado rondaría los 500 euros. De un total de 1.300 perros, el año pasado la perrera municipal de Vitoria recibió cerca de 650 perros procedentes de los municipios alaveses.

En Dulantzi, por ejemplo, fueron una decena los que se enviaron, el doble en localidades como Agurain. Por su parte, lugares como Amurrio o Laudio, que hasta ahora contaban con un acuerdo específico con el Ayuntamiento de Vitoria, buscan ya una nueva fórmula adecuada para hacerse cargo de los perros vagabundos. "Con esta decisión pasaríamos de los 5.800 euros destinados a esta partida en 2012 a una cifra de más de 9.000 euros", explica Javier Bitorika, teniente de alcalde de Amurrio. La segunda localidad más poblada de Álava, que cuenta con unos 1.500 perros censados, explora la posibilidad de dejar a los animales que recoja en la única clínica veterinaria privada con la que cuentan, gracias a algún tipo de acuerdo económico. "Ningún pueblo se va a lanzar a poner en marcha un espacio específico para cuidar a los perros que encuentre. Es algo carísimo: recogerlo, cuidarlo, curarlo si está mal, alimentarlo...", asumen desde el Consistorio de Amurrio.

acuerdo 'popular' En el fondo, la decisión adoptada por el ejecutivo foral de Álava de desentenderse del coste que suponen los perros vagabundos se entiende desde muchos ámbitos como una forma de echar una mano al Ayuntamiento de Vitoria, ambos con gobierno popular. Por un lado, la Diputación se libera de una partida de gastos. Por otro, el ejecutivo local liderado por Javier Maroto consigue que la perrera municipal reciba una nueva vía de ingresos directos desde cada ayuntamiento alavés, a los que no les quedará más remedio que pagar las cantidades que les sean requeridas cada vez que requieran sus servicios. Y es que pocos pueblos podrán poner en marcha un servicio propio, con todo lo que supone, que siempre será más caro que las tarifas que establezca el Ayuntamiento de Vitoria para llevarlos a la perrera municipal. "Al final todo es un conflicto que han creado entre ellos mismos y que ahora pagamos nosotros", lamentan desde Dulantzi, uno de los pocos pueblos alaveses en los que los responsables municipales han podido reunirse para estudiar el nuevo decreto foral, hecho público en pleno mes de agosto. En definitiva, un problema creado por las personas que, como suele ocurrir, acabarán pagando los animales.