Bilbao. El Ararteko ha intervenido en el contencioso que mantienen desde el año pasado los Colegios de Abogados de Euskadi y el Gobierno vasco por las solicitudes de Justicia Gratuita y recomienda que las diputaciones forales faciliten los datos fiscales de las personas que solicitan asistencia jurídica sin que éstas se tengan que personar en las oficinas de Hacienda. El Defensor del Pueblo reconoce que "en el contexto de la crisis económica, se ha producido un incremento significativo en las solicitudes de Justicia Gratuita", al mismo tiempo que se han reducido los recursos destinados a atenderlas, lo que ha generado retrasos en la tramitación y atención de esos casos en los que las personas que recurren a la administración de Justicia no tienen medios para pagarla.

Gracias a la información que, según el Ararteko, las haciendas forales deberían facilitar a los servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados de los tres territorios de la CAV -únicamente a efectos de acceso a la Justicia Gratuita y con la autorización expresa- se podría saber fácilmente si la persona que solicita Justicia Gratuita tiene derecho a ella y, en caso afirmativo, tramitar con rapidez el abono de los servicios prestados. En su recomendación, el Ararteko "solicita a las tres diputaciones forales y al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco que adopten las medidas y suscriban los convenios de colaboración precisos para que los Servicios de Orientación Jurídica y las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita dispongan de la información tributaria que precisan para el ejercicio de las funciones que les atribuye la normativa reguladora de la Justicia Gratuita. En los términos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la información deberá cederse a estos solos efectos y contando, en todo caso, con la previa autorización expresa de las personas solicitantes".

más colaboración Antes de "recomendar" que diputaciones, Justicia y Colegios de Abogados adopten las medidas necesarias para el acceso informático a la información fiscal, el Ararteko hace hincapié en "la necesidad de que todos los poderes públicos cuya actuación incide en la gestión de la Justicia Gratuita colaboren". Para ello propone aprovechar "al máximo las oportunidades que ofrece la colaboración interinstitucional, así como los medios telemáticos disponibles en la actualidad".

La mediación del Ararteko busca solucionar un conflicto que lleva meses con un tira y afloja entre el departamento de Justicia y los Colegios de Abogados. El origen está en la dificultad y complejidad de las gestiones para acreditar el derecho a la Justicia Gratuita y el aumento de los llamados casos fallidos como consecuencia de los trámites requeridos y los costes que éstos acarrean al Turno de Oficio. Según explicó en su día el Consejo Vasco de la Abogacía, los fallidos son casos en los que un abogado, en virtud de una designación provisional, defiende a un ciudadano por la obligación de dar cumplimiento al principio constitucional de tutela judicial efectiva, resultando que después de la realización del trabajo de asistencia jurídica, la Administración conoce que esa persona no tiene derecho a la Justicia Gratuita, bien por no reunir los requisitos exigidos, o porque voluntariamente prescinde de solicitar dicho reconocimiento. Como consecuencia de esta situación, los abogados dejan de percibir el pago de sus servicios.

En abril de este año el Consejo Vasco de la Abogacía denunció que la situación del servicio de asistencia jurídica gratuita se estaba volviendo insostenible y propuso contar con los datos fiscales de los solicitantes para tramitar los expedientes con celeridad y evitar los fallidos.

Tras ponerse en contacto con las diputaciones de los tres territorios para conocer su disposición a facilitar los datos económicos y patrimoniales de las personas que solicitan Justicia Gratuita con un mínimo de trámites, el Ararteko se muestra sorprendido por los diferentes análisis jurídicos que las tres haciendas hacen de la propuesta. Señala el Iñigo Lamarca que "mientras la de Gipuzkoa entiende que nada obsta en el ordenamiento para que el Servicio de Orientación Jurídica obtenga directamente la información de los datos fiscales de las personas solicitantes de Justicia Gratuita que así lo autoricen, la de Álava limita esa posibilidad a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; la de Bizkaia, por su parte, considera que esa misma normativa impide dicho acceso directo". Sin embargo, el Ararteko considera que los abogados sí pueden acceder a los datos fiscales.