Madrid. Los peatones que infrinjan las normas de circulación estarán sujetos a las pruebas de detección de drogas y alcohol, de acuerdo a la futura Ley de Tráfico y Seguridad Vial, cuyo proyecto de reforma fue aprobado ayer por el Gobierno de España en la reunión del Consejo de Ministros. Según explicó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, bastará cometer una sola infracción para que las fuerzas de seguridad del Estado soliciten al viandante que realice dicho test.
En aplicación de la tolerancia cero a las drogas, la reforma regulará asimismo "la conducción con presencia de drogas en el cuerpo, que es diferente a conducir bajo los efectos del consumo de drogas", puntualizó el titular de Interior.
Respecto a la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol, se elevará de los 500 euros actuales a 1.000, la misma cuantía que se demandará a quienes conduzcan con drogas en su organismo. En cambio, no varían las tasas máximas de alcohol permitidas -0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado; 0,15 en conductores noveles y de transporte de mercancías o vehículos especiales- ni el régimen de puntos del carné. Además, el texto aprobado prohíbe el uso de detectores de radar y regula los sistemas de retención infantil, que desde la entrada en vigor de la nueva ley se medirá por tallas en lugar de edad.
Ciclistas Por otro lado, la reforma recoge que el uso del casco en la ciudad será obligatorio para los ciclistas menores de edad. En el caso de los adultos, su implantación estará supeditada a las conclusiones de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que abrirá un debate con expertos en otoño a fin de tomar una decisión al respecto. Fernández Díaz admitió ser "consciente del debate social sobre esta medida", pese a contar con el voto favorable de las asociaciones de automovilistas y de víctimas de accidentes de tráfico.
El nuevo texto incluirá un anexo relativo al reglamento de los nuevos límites de velocidad, si bien la pretensión de la Dirección General de Tráfico es aumentar a 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autovías y autopistas, y rebajarlo en las carreteras convencionales e, incluso, en algunas calles de las ciudades.
Con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y aumentar la seguridad "en todas las vías", está previsto que la tramitación parlamentaria de esta norma puede concluir a finales de este mismo año.
