VITORIA. Poco más de un mes después de que se comenzará a exigir el certificado de eficiencia energética a todos los edificios o viviendas que se construyan, vendan o alquilen, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha el registro en el que quedará constancia de las certificaciones emitidas en Euskadi y que también servirá para facilitar el control independiente fijado por la ley.

Los profesionales encargados de realizar la calificación energética de los inmuebles destacan que la labor de comprobación y control es muy necesaria y urgente, ya que se están detectando ofertas con precios "imposibles", otras que rozan la picaresca y muchas que no garantizan los niveles técnicos mínimamente exigibles.

El registro de certificaciones energéticas de la CAV, que depende del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, todavía no está funcionando al 100% y se continúa completando, aunque el Gobierno Vasco destaca que Euskadi "es una de las pocas comunidades autónomas que ha logrado constituirlo en el escaso plazo de dos meses" que fijó el Gobierno español. Mientras se terminan de completar su puesta en marcha y los protocolos de ingreso de datos, ya pueden realizarse las inscripciones telemáticas de las certificaciones de obra nueva. El Ejecutivo adelanta que a lo largo de este mes el registro estará disponible también para los certificados que desde el pasado 1 de junio deben aportar obligatoriamente vendedores y arrendadores de viviendas de segunda mano. Mientras tanto, los notarios y registradores pueden inscribir la compra/venta de estas viviendas aunque no se haya registrado el certificado, pero haciendo constar que existe.

Debido al poco tiempo que el registro lleva en funcionamiento y a que las viviendas de nueva edificación que salen a la venta son escasas, aún no hay datos significativos sobre el nivel de eficiencia energética que tienen los inmuebles de la CAV. Sin embargo, los escaparates de las agencias inmobiliarias ya exhiben los anuncios de pisos en venta o alquiler con su correspondiente calificación y lo que predominan son los niveles de la mitad para abajo de la tabla -calificaciones entre D y G-. Esto significa que los inmuebles de segunda mano que salen al mercado inmobiliario vasco no son muy eficientes desde el punto de vista energético. Según informaron desde el Departamento de Desarrollo Económico, las certificaciones de categoría A, B y C -las más altas y complejas- deberán incluir además del registro de la certificación un informe de un organismo de control.

Ofertas sospechosas Sobre el mes y medio que lleva vigente la exigencia de certificado para los inmuebles en venta o alquiler, los expertos destacan la proliferación de empresas y profesionales que ofertan estos trabajos y la necesidad de que las autoridades competentes -órganos de las comunidades autónomas- empiecen a ejercer una labor de control sobre ellos. Y es que ya se ha dado la alerta sobre ofertas que rozan la picaresca -como certificados que se realizan sin visitar el inmueble o que utilizan los datos y mediciones aportados por el propietario- y otras con precios "sospechosamente" bajos. Según la normativa, la forma en que el órgano creado por las comunidades autónoma realizará ese control será la selección al azar de una proporción significativa de los certificados de eficiencia energética emitidos, para comprobar los datos, la información, los resultados y las recomendaciones contenidas en ellos.

Una parte importante de la preocupación de los profesionales habilitados para realizar las certificaciones se debe a que se ha desatado una fuerte competencia en precios. Ahora es posible encontrar ofertas para conseguir el documento por menos de 150 euros, e incluso por 100 o algo menos si va asociada a una web de descuentos. Desde los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, que son los profesionales habilitados, advierten de que las tarifas con las que se está trabajando oscilan entre los 200 y 300 euros por vivienda y aconsejan "desconfiar" de quienes ofertan precios inferiores.

Iñaki Pérez, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, señaló que "se está banalizando el certificado y se está apretando mucho en precios". Añadió que "este es un tema que nos preocupa porque hay mucho canto de sirena con los precios, pero si uno se para a pensar enseguida llegará a la conclusión de que ningún profesional cualificado sale de su estudio por ese dinero que se está diciendo". Iñaki Pérez quiso "advertir a la gente para que no caiga en este tipo de ofertas de 'usted nos da los datos por mail o por teléfono y nosotros hacemos el certificado sin necesidad de desplazarnos'. Esa no es forma de hacer las cosas, el técnico tiene que ver la vivienda, tiene que tomar sus datos y hacer las cosas correctamente, estas ofertas de hágaselo usted mismo y yo le firmo y le cobro una ridiculez son trampas".

El presidente de los aparejadores vizcainos explica que, según la autoridad española de la competencia, la fijación de tarifas para la elaboración de certificados es libre y "el consumidor decide a quién contrata". Pero apunta que "habría que aplicar la lógica, porque si alguien va a contratar a un arquitecto, un aparejador, un ingeniero... que piense si por esas cantidades que se están ofertando ahora un profesional va a ir a su casa y dedicar unas horas o media mañana para hacer un buen trabajo".