vitoria. Es fácil asestar el hachazo al medio rural cuando vienen mal dadas. Los vecinos de la Álava profunda son pocos y se han acostumbrado a silenciar su discriminación. Un cóctel que ayuda a aplicar recortes en plena crisis económica, como si importara más que la rica aportación del sector primario al territorio. Aquí y en todo el Estado, los pueblos se enfrentan a una reducción de partidas, supresión de inversiones y la desaparición de servicios: a los políticos no les resulta rentable mantenerlos en las mismas condiciones que la población urbana, aunque en teoría tengan los mismos derechos. Al final, el resultado es una progresiva desertización de estos núcleos mientras a las instituciones se les llena la boca con la sostenibilidad.

A la vuelta de la esquina es posible encontrar un perfecto ejemplo de servicio en riesgo de desaparición: el cajero móvil de la Vital. La entidad financiera decidió suprimirlo porque lo consideraba un lujo en plena crisis para la demanda que conlleva, pero la presión de los pueblos ha ayudado a que finalmente se mantenga, aunque a partir de ahora operará a medio gas. Seguramente a un gasteiztarra le cueste imaginarse sin oficina bancaria cerca de casa, más aún si tiene problemas de movilidad, como seguramente tampoco le entre en la cabeza tener que pagar facturas desorbitadas por calentar sus casas. Esto último es lo que les sucede a los vecinos de Labastida, esclavizados al carísimo propano de Repsol.

Son pocos, muchos menos que en la capital. Ésa es su debilidad. Nada más empezar la legislatura, la Diputación recortó en las entidades locales. Primero, revocando obras del Plan Foral de Obras y Servicios por valor de 12 millones de euros pendientes de años anteriores, dinero que fue a parar a la cuenta general del Ejecutivo foral y que ahora se discute en las Juntas si se recupera y reparte entre las entidades locales. Después, mediante el desvío de 12 millones adicionales del Plan Foral de 2012 al Fondo de Estabilización de las Entidades Locales de Álava para amortizar deuda. Así, es difícil que los pueblos tomen aire. Así, lo fácil es que sus habitantes tiendan a desplazarse a la ciudad, en busca de una vida con muchas más facilidades.

El sector primario, mayoritario en los pueblos, también se ha visto castigado por la crisis, y eso que el PP prometió que sería una de sus prioridades. No sólo no recibió más, sino que Agricultura fue el área más castigada nada más comenzar el mandato de Javier de Andrés, con una merma del 43%. A la caída de las partidas se suman otras muchas pequeñas cosas que entorpecen la explotación, como las deficiencias que acumulan algunas infraestructuras viarias, el parón que sufre el plan de regadíos o el vacío presupuestario y de norma de la PAC. La sensación de los agricultores es que "se podría hacer mucho más", pero que el interés va en otra dirección.