Trebiño. Trebiño dará esta mañana un paso más en busca de su anexión a Álava de acuerdo con la hoja de ruta preestablecida y que fue apoyada por los dos ayuntamientos -Trebiño y La Puebla de Arganzón- a principios del pasado mes de marzo. En esta ocasión se trata de entregar las dos certificaciones de las respectivas actas de los plenos municipales celebrados el 8 de marzo en ambas localidades. Serán los alcaldes, Roberto Ortiz por La Puebla de Arganzón, e Ignacio Portilla por Trebiño, quienes las entreguen en el Registro del Parlamento Vasco, en Vitoria.

El primero de ellos decidió atender la llamada de este diario para explicar que el acto de hoy responde "a lo que se acordó en el mes de marzo: preparar un proyecto de proposición de ley solicitando la segregación de Castilla y León y la integración administrativa en Álava". Al respecto, y según Roberto Ortiz, los alcaldes ya han mantenido "reuniones con todos los grupos con representación en la Cámara vasca y todos ellos se han mostrado favorables a la integración del enclave en Álava", incluso los parlamentarios del Partido Popular. Sin embargo, las cosas están más complicadas en Burgos y Valladolid.

En el primer caso, César Rico, presidente de la Diputación burgalesa ya confirmó que hay un camino jurídico que seguir, y que la Diputación seguirá los pasos que sean necesarios "para no saltarse la ley". Rico recordó tras recibir a Ignacio Portilla, después de sustituir éste a Inmaculada Renedo al frente de la Alcaldía, que hace doce años se estudió esta cuestión en una ponencia en el Senado, en la que quedó claro el contexto político y jurídico que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, texto en el que se reconoce al Condado como parte de Burgos y, por ende, de Castilla y León. Con Valladolid, sede del Gobierno de la Junta castellana, las cosas parece que no mejoran la perspectiva burgalesa. "Hace tres meses que hemos solicitado un encuentro y no hemos tenido ninguna noticia", reconocía al alcalde de Trebiño. A pesar de ello, "tenemos confianza en la vía que hemos abierto a través del Parlamento, aunque también somos conscientes de las dificultades con las que nos vamos a encontrar".

Sea como fuere, lo cierto es que el pasado 8 de marzo se celebraron los citados plenos con un mismo esquema. Se recordaba que el enclave, en los años 1980 y 1998, inició los procedimientos de segregación de la provincia de Burgos y su agregación a Álava, que finalmente no fueron aprobados. Ahora se quiere argumentar la petición a través de una ley orgánica. Por ello se sometió a refrendo de los corporativos un paquete de acuerdos. En primer lugar aceptar iniciar los trámites de segregación de Trebiño de la provincia de Burgos, solicitando la integración en el territorio alavés. Asimismo se encomendó a los respectivos alcaldes para que se dirigieran al Parlamento Vasco, a sus grupos parlamentarios, a las Juntas Generales de Álava y demás órganos políticos, así como al Gobierno Vasco y a la Diputación de Álava, a la Diputación de Burgos y a la Junta de Castilla y León y, por último. a las Cortes Generales, para que adopten las decisiones conducentes al logro "de la deseada alteración de los límites provinciales", como se expresaba en el documento sometido a votación

Proceso El origen de esta tercera iniciativa viene desde el mes de agosto del año pasado, cuando la Agrupación Independiente de Condado de Trebiño planteó en el Pleno de ese Ayuntamiento, que entonces presidía la popular Inmaculada Renedo, que se pidiera a un experto un informe con conclusiones que pudieran ser vinculantes para poder iniciar un proceso de integración del enclave burgalés en Álava. A pesar de la oposición del PP, la propuesta salió adelante con los demás votos presentes en el Consistorio de Trebiño y se encargó al jurista Iñaki Lasagabaster. Éste preparó la argumentación jurídica y preparó varias alternativas de trabajo, entre ellas una como último recurso en la que se podría solicitar que continúe la tramitación de las dos anteriores peticiones de segregación, presentadas en 1980 y 1998, ya que en ambos casos se paralizó el expediente cuando la Junta de Castilla y León lo informó de forma negativa. Sin embargo, según los informes, la última palabra en estos procedimientos la debería haber tenido el Parlamento nacional, al que nunca llegó la solicitud, por lo que podrían solicitar que finalice esa tramitación.