"Planteamos que las Juntas Generales denuncien y reprueben la irresponsable actitud del Gobierno central en el asunto de Garoña".

"La central nuclear burgalesa estaba en el ambiente de la reunión de hoy (por ayer) pero el presidente del CSN ha declinado hablar del asunto porque aún se encuentra sub judice".

gasteiz. Quinto encuentro el celebrado ayer en Madrid para tratar de esclarecer el futuro de la central nuclear de Garoña. Y de nuevo agua, falsa expectación y hartazgo entre la vertiente más crítica con su posible mantenimiento. Por tercera vez en lo que va de semana, el CSN (Consejo de Seguridad Nacional) volvió a demorar ayer su dictamen sobre la continuidad de la central a pesar de la urgencia con la que se reunió el pasado lunes. Aquellas prisas parece ahora que ya no lo son tanto, deslizándose en consecuencia la sensación de que los miembros de este órgano no saben cómo vestir al santo. O en paladín cristiano, cómo vender las bondades de una central atómica con 40 años de vida que exige continuar otros tantos más. Así están las cosas en este polémico asunto nuclear. Sometido desde hace meses a una temperatura tan elevada como la presión que el lobby eléctrico históricamente ha mantenido sobre el Gobierno de España.

Ayer el CSN recibió por la mañana el apoyo de todos los miembros del Comité Asesor para la Información en una reunión en la que se subrayó la necesidad de blindar "la independencia" como principal activo del Consejo ante las presiones políticas y del sector energético. Por la tarde, a partir de las 17.00, los cinco consejeros -dos del PP, dos del PSOE y uno de CIU- volvieron a evaluar la petición de Garoña de disponer de un nuevo plazo para poder solicitar la prórroga de su licencia de explotación, que acaba el próximo 6 de julio. Al cierre de esta edición, el encuentro volvió a darse por finalizado sin ningún dictamen concluyente, igual que ocurrió el lunes y el miércoles pasados. El CSN anunció que la reunión continuaría hoy por la mañana.

comité asesor del csn En la reunión del Comité, donde se informó del Plan Nacional sobre mejoras de seguridad relativas a las pruebas de resistencia a las nucleares, los grupos ecologistas presentes -Ecologistas en Acción y Greenpeace- trataron de incluir en el orden del día el polémico asunto de Garoña, aunque el presidente del CSN, Fernando Martí, declinó la propuesta "porque aún se encuentra subjudice".

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, indicó que en el encuentro se abordó el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-chi (Japón), así como "las lecciones aprendidas, los planes de emergencia nuclear y las pruebas de resistencia practicadas a las plantas atómicas a raíz de este accidente", advirtió. En la misma línea, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, manifestó a Europa Press la inquietud de la ONG respecto a Garoña, destacando que el organismo regulador ha sido "independiente" y por eso "no puede ni debe decir nada" por que la opinión del comité podría "significar influencia". El Comité Asesor para la Información es un órgano consultivo creado en 2011 y formado por representantes de las administraciones y de la sociedad civil. Ayer se reunió por quinta vez, la primera desde la renovación de los miembros del CSN a finales de 2012.

Por su parte, Nuclenor, el titular de la central nuclear, solicitó el pasado 16 de mayo al Ministerio de Industria la revocación parcial de la orden ministerial de 29 de junio de 2012 con el objetivo de que le concedan un plazo de un año más para pedir la renovación de su licencia, mientras que la planta sigue en funcionamiento, pero sin generar electricidad. Ese mismo día, el departamento que dirige José Manuel Soria, pidió al organismo regulador que antes del 1 de junio le remita un informe en el que valore la cuestión. Los acuerdos y decisiones del CSN son preceptivas en el caso de ser positivas y vinculantes en el caso de ser negativas. La licencia de explotación de la central nuclear expira el próximo 6 de julio, después de que en 2009 se le concediera una prórroga de su actividad de cuatro años, frente a la solicitud del titular para seguir operando hasta 2019. El pasado mes de diciembre Nuclenor comunicó su decisión de desacoplar la planta y dejar de generar electricidad al considerar que los cambios normativos y los nuevos impuestos del Gobierno en materia de energía, le generarían un coste impositivo de unos 153 millones de euros, lo que haría inviable la continuidad por motivos económicos.

"Pedimos a Vitoria, las Juntas y el Parlamento que rechacen una posible prórroga y respeten la decisión mayoritaria de la sociedad alavesa"

"Conocidas las buenas relaciones entre CIU y el PNV resulta más sorprendente, aún, la actitud tibia del Gobierno Vasco en este tema".