maratonianas. Decisiones inconclusas. Búsqueda de tiempo para armar la coartada con la que intentar enfrentarse a quienes tendrán que sufrir las consecuencias de una decisión polémica. Mucha cocina para dar cobertura a una postura política y a la presión indisimulada del Gobierno central, al que le ha estallado en la cara el asunto Garoña. Una patata caliente difícil de gestionar. El caso es que el Consejo de Seguridad Nuclear inició su reunión de ayer con mil ojos sobre sí y con otros tantos rumores de partida que trataban de interpretar el sentido de la decisión final a adoptar por el único organismo regulador competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en el Estado respecto a la citada central nuclear y a la hipotética prórroga por un año de su periodo de vida útil. Finalmente, tras casi ocho horas de enclaustramiento, no hubo fumata. Ni blanca ni negra. Extraña, pero ya van dos días para intentar acordar una resolución al respecto. Habrá que esperar nuevamente a otra jornada -hoy por la tarde volverán a verse las caras los consejeros del citado CSN- para comprobar el sentido de la postura oficial sobre el complejo atómico. Si finalmente, el resultado de tantos desvelos es un no al prólogo, la sorpresa se entenderá como mayúscula. Si es un sí, el Ministerio de Industria tendrá la excusa que buscaba para cumplir con sus planes de prorrogar un año más la vida de la instalación castellana.
"El Pleno del CSN ha continuado deliberando sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña y ha suspendido su sesión de hoy, que continuará mañana jueves 23 de mayo, por la tarde". Comunicado breve. Escuetas explicaciones. Fuentes del CSN desvelaban finalmente a este diario el impasse tras la segunda jornada maratoniana con el tema de Garoña en el orden del día. En definitiva, a ojos de un profano, una forma de enredar la madeja que enmaraña a las instituciones que deben velar por la seguridad de las instalaciones nucleares y por la estrategia eléctrica nacional con este tema.
Todo ello es lo que deriva de un proceso que, formalmente y hasta nueva orden, finalizará hoy mismo en la sede madrileña del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con una decisión que el Ministerio de Industria ya ha anunciado que utilizará -si da el plácet a la prórroga de un año en la vida de la central nuclear- como excusa para dar el permiso pertinente a la planta atómica, que es lo que le pide el cuerpo al ministro de Industria, José Manuel Soria, y al Gobierno central del Partido Popular desde hace meses.
Sea cual sea finalmente la decisión final, lo cierto es que se han abierto las puertas para que Garoña burle su cierre durante, al menos un año, espacio en el que se mantendrá paralizada sin producir chispas con sus átomos. En ese tiempo extra, los rectores del complejo nuclear del burgalés Valle de Tobalina, a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa, tratarán de negociar con Industria un cambio impositivo que permita al complejo nuclear seguir en beneficios. Al respecto, fuentes utilizadas por medios madrileños apuntaban que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad. Sin embargo, de no pedirla, la central quedaría en una situación sin vuelta atrás si el informe sale después del 6 de julio.
En este contexto, destaca la presión que en los últimos meses han realizado Iberdrola y Endesa -accionistas al 50% de Nuclenor, que es la empresa que gestiona la central castellana-, capaces de involucrar al Ejecutivo central en un juego de intereses difícil de ocultar. En él, el mismísimo Soria no ha tenido reparos en mojarse con carácter oficial en favor de la continuidad de la central, incluso, cuando Nuclenor anunció el cese voluntario de la actividad de la planta antes de tiempo. Al respecto, el gestor popular consideró "una buena noticia" la solicitud del pasado jueves de una prórroga de un año por parte de Nuclenor para continuar con la actividad de la central atómica, cuya fecha de caducidad estaba fijada para el próximo 6 de julio tras más de cuatro décadas de polémica actividad.
La fecha en cuestión la marcó hace cuatro años el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ésa era la hoja de ruta diseñada. Y así adquirió rango oficial cuando una orden ministerial del 29 de junio de 2012 fijó en sesión parlamentaria el cierre definitivo del complejo eléctrico. Sin embargo, se ha demostrado que Nuclenor nunca estuvo dispuesta a desprenderse de su empresa. De hecho, ahora espera seguir manteniendo abierta durante un año la central aunque ésta no opere ni produzca un solo vatio de electricidad. Una decisión para ganar tiempo, denuncian ecologistas como Carlos Bravo, a la espera de que el Gobierno redacte la nueva ley que regule el mapa energético nacional y que, previsiblemente, abogará por la continuidad de centrales como la de Garoña durante varias décadas más.
Sea como fuere, lo cierto es que los consejeros del CSN iniciaron el estudio de la continuidad de Garoña el pasado lunes. No obstante, según la versión oficial ofrecida ese día, ante la necesidad de más informes y de tiempo, los miembros de la citada institución acordaron celebrar una nueva reunión ayer. En ella reiteraron los análisis de la propuesta de Nuclenor, que solicitó al Ministerio de Industria un nuevo plazo de un año para poder pedir la prórroga de la actividad en la planta más allá del 6 de julio.
La empresa aduce y defiende su decisión en la hipótesis de que la Dirección General de Tributos cambie su postura sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético. Cabe recordar que cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña, en diciembre de 2012, ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entendía que determinará si es viable o no la continuidad de la planta tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.
