Vitoria. Curiosa coyuntura la vivida ayer en el Pleno de las Juntas Generales de Álava, donde la formación política que sustenta al Gobierno foral -el PP, como minoría mayoritaria, con 16 de 51 escaños- se convirtió en la única fuera de juego. Lo hizo de manera consciente cuando desde la oposición se empezó a orquestar una iniciativa para intentar remediar los problemas económicos que padecen un gran número de municipios y concejos alaveses, asfixiados por las condiciones económicas vigentes y por una merma sustancial de su fuente de ingresos, derivada ésta de una bajada generalizada de la recaudación. Dadas las circunstancias, los junteros de PNV, Bildu, PSE y EB unieron sus fuerzas, y sus votos, para sacar adelante una moción en la que se insta al Gabinete de De Andrés a destinar 12 millones de euros en cuatro años para la financiación directa de todos los municipios alaveses excepto Vitoria. Y, como el zorro sabe más por viejo que por zorro, las formaciones que finalmente suscribieron la citada iniciativa ya han ideado el siguiente paso si es que, como parece, la Diputación decide no cumplir con la moción (que como tal, no es ejecutiva y depende de la buena voluntad y del talante democrático del Ejecutivo). Consistirá en la inclusión de la propuesta bajo el formato de una norma foral, de carácter totalmente vinculante al tener rango de ley en el ámbito alavés. Es decir, se hará sí o sí, aunque le pese al Gobierno foral del PP. Y le pesará. No en vano, fuentes forales confirmaban ayer a este diario la intención del Ejecutivo de desoír la moción acordada.

Sea como fuere, la enmienda que finalmente salió adelante es un acuerdo cuatripartito que parte de una propuesta previa del Partido Nacionalista Vasco. La misma trataba de devolver a sus justos destinatarios -los municipios- el dinero previamente detraído por parte del Ejecutivo popular del Plan Foral de Obras y Servicios, que es una de las vías de financiación de las entidades locales menores.

En concreto, los municipios alaveses tienen derecho por normativa al 56% de los recursos forales -52,3% vía Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales (Fofel), partida en la que entra Vitoria) y un 3,7% vía Plan Foral de Obras y Servicios, ya sin la participación de la capital alavesa-. El caso es que en 2011, el Ejecutivo de Javier de Andrés decidió revocar las subvenciones concedidas por concepto del Plan Foral de Obras y Servicios y destinar el dinero (12 millones) a pagar deuda propia. De ahí el sentido de la moción aprobada ayer en la Cámara foral.

Ésta cuenta con dos puntos en los que se insta a la Diputación a reintegrar los 12 millones correspondientes a las subvenciones del Plan de Obras revocadas "mediante acuerdo del Consejo de Diputados a la financiación municipal de las entidades locales alavesas excepto el Ayuntamiento de Vitoria". Aparte, la iniciativa legislativa incluye en su articulado un segundo punto en el que se recoge la petición de que la citada partida se considere como aportación extraordinaria a los pueblos. Para ello, "se incorporará a los Presupuestos de 2014, 2015, 2016 y 2017 al 25% para ser distribuida como parte del Fofel de esos años".

Las partidas anuales, según indicó a este diario el portavoz jeltzale, Ramiro González, se repartirán bajo los criterios del Fondo de Financiación, que contempla como variables la población o las competencias de cada una de las administraciones beneficiadas.