madrid. La protesta de un grupo de activistas de Greenpeace en el tejado del Congreso reflejaba ayer el sentir general de las organizaciones ecologistas y de la oposición parlamentaria ante la aprobación de la polémica Ley de Costas, que contó únicamente con los votos del PP. Según sus detractores, la nueva regulación, que reforma la ley de 1988, supone una "amnistía" de los desmanes urbanísticos en el litoral y reduce la protección de la costa.

Frente a las críticas, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que la Ley de Costas establece instrumentos más potentes "para evitar las barbaridades urbanísticas" que se hicieron al amparo de la norma de 1988, como el hotel El Algarrobico. También dijo que "garantiza la conservación del litoral" y no privatiza la costa. El ministro destacó que el nuevo texto da seguridad jurídica a todos los que de buena fe habían adquirido sus casas -levantadas en la zona de protección- antes de 1988 y que "se enfrentaban a un panorama de demolición masiva de viviendas, de industrias y de establecimientos hoteleros".

Las organizaciones ecologistas no lo ven de la misma forma y consideran que la Ley implica entre otras cosas el "indulto" de miles de viviendas y chiringuitos y no supone una solución para algunas de las graves amenazas que sufre la costa relacionadas con la construcción.

la protesta Para hacer patente su oposición a la Ley ocho activistas de Greenpeace llevaron a cabo a una "acción pacífica" en el edificio del Congreso por la que fueron detenidos y prestaron declaración en la Audiencia Nacional acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado. La acción de los ecologistas desató ayer un debate sobre las medidas de seguridad en torno al Congreso, ya que los activistas de Greenpeace lograron saltar la valla de seguridad y encaramarse al tejado. Un sindicato policial llegó a pedir el cese del comisario jefe del Congreso de los Diputados ante el "evidente" fallo de seguridad.

Para el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, que votó en contra, la Ley de Costas "no garantiza la seguridad de la costa y los valores medioambientales". Y tampoco protege bienes culturales existentes desde hace muchos años en el litoral vasco, como los molinos de marea, a pesar de que los parlamentarios del PNV presentaron enmiendas al respecto tanto en el Congreso como en el Senado.

El diputado Joseba Agirretxea explicó que a través de las enmiendas el Grupo Vasco quería corregir aspectos no contemplados por la norma como "los posibles efectos de la subida del nivel del mar", o "revertir a la ciudad espacios artificializados de titularidad pública como pueden ser los espacios que ocupan actualmente los puertos". Agirretxea denunció la "poca voluntad negociadora que ha mostrado el Partido Popular" a lo largo de la tramitación de la Ley.