madrid. El grupo parlamentario socialista incluye entre las enmiendas que presentó ayer al proyecto de ley sobre desahucios que tramita el Congreso varios aspectos del decreto ley andaluz que aborda este mismo asunto, entre ellos la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de personas jurídicas.

Según señaló ayer a los medios la diputada socialista Leire Iglesias, su grupo considera que la propuesta andaluza es "jurídicamente correcta, políticamente valiente y justa", y consideró que debe incorporarse a la normativa nacional. En la misma línea, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró no tener ninguna duda acerca de su constitucionalidad.

Las propuestas socialistas asumen los presupuestos de la Junta respecto a la función social de la vivienda y el procedimiento de expropiación forzosa por cuestiones de interés social. Asimismo, incluyen el registro de viviendas deshabitadas y la implantación de un régimen sancionador para aquellas que estén vacías establecido por el Gobierno de José Antonio Griñán. Por otro lado, piden recuperar el texto de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y paralización de desahucios para poder debatirlo tal y como lo admitió el Pleno de la Cámara el pasado mes de febrero.

Así, el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes y que ha inspirado al PSOE, entró en vigor ayer tras ser publicado el jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En él se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". En dicho decreto ley se establece además que en el plazo de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de forma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".

Desde el Gobierno, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer la norma aprobada por el Ejecutivo para evitar los desahucios y retó a la Junta de Andalucía a que explique qué aporta su iniciativa de expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos. Sáenz de Santamaría consideró que debe ser la Junta de Andalucía quien explique qué añade la norma autonómica al decreto aprobado por el Gobierno que ya paraliza el desahucio.

El resto de grupos de la oposición mantienen sus peticiones para que la dación en pago de la vivienda se incluya en la futura ley sobre deudores hipotecarios y desahucios, al tiempo que apuestan por incluir medidas de reestructuración de deuda, lo que comúnmente se denomina como segunda oportunidad.

Por su parte, el cardenal Antonio Cañizares dejó claro ayer que la Iglesia, en lo relativo a los desahucios, "no puede estar muda", apostillando, a renglón seguido, que "no está callada, insensibilizada", aunque todos los esfuerzos que se hagan en esto "siempre serán pocos".