vitoria. El drama de los desahucios está muy vivo y todas las propuestas son analizadas con lupa por las diferentes administraciones implicadas. Euskadi no se ha pronunciado sobre la iniciativa andaluza que prevé sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias, que no alquilen sus viviendas vacías. Pero el Ejecutivo vasco sí contempla la elaboración de un protocolo para que ninguna persona desahuciada se quede en la calle. La iniciativa presentada por la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, no ha tenido buena acogida entre el resto de Comunidades Autónomas que, a excepción de Canarias, no se han mostrado partidarias de desarrollarla en su territorio.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ya ha dado instrucciones "precisas" para estudiar la aplicación en la Comunidad Autónoma del decreto contra desahucios de la Junta de Andalucía.

Su portavoz, Martín Marrero, señaló que el ente canario se siente en la obligación "moral y jurídica" de estudiar la viabilidad de esta iniciativa para evitar los desahucios. Marrero aseguró que ante este problema social "no se ha estado a la altura de las circunstancias" y apuntó que el Ejecutivo decidió colocarse al lado de los afectados frente a los "abusos" de los bancos y cajas.

Marrero precisó que Canarias no tiene competencias para elaborar decretos leyes, al contrario que Andalucía, por lo que habrá que adaptar esta medida a la normativa autonómica, para la que ya se han establecido los contactos con la Junta.

Quien también dio el respaldo a esta propuesta fue el Defensor del Pueblo navarro. Javier Enériz consideró que es "legítima" la expropiación de viviendas cuando hay "un incumplimiento en la función social de la propiedad", aunque aseguró que hay otras vías como la aplicación de la legislación concursal. Sorprendido por "la bronca" generada, Enériz precisó que la expropiación forzosa está contemplada en una ley estatal y muchas leyes autonómicas.

Con el objetivo de hacer partícipes al resto de territorios, la consejera andaluza planteó ayer que el Ministerio de Fomento convoque una reunión sectorial con todas las autonomías. En ese debate se trataría los desahucios y se explicaría "con detalle" el nuevo decreto ley sobre la función social de la vivienda.

La crítica en las comunidades populares fue generalizada y en el caso de Castilla-La Mancha, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, consideró que la Junta con el decreto sólo busca "el titular y contentar a determinada parroquia, más que a solucionar problemas reales". En esa misma línea se manifestó el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, que afirmó que la propuesta de Andalucía solo era "de cara a la galería".