vitoria. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) realizará una "reflexión profunda" sobre sus estrategias futuras tras "certificar" la voluntad del Estado de "no cumplir con los compromisos tomados con la asociación AMAC en el año 2006" respecto a los ingresos en estas zonas para asegurar su desarrollo futuro. Así, la asamblea de este colectivo se reunió ayer en Madrid para valorar el encuentro mantenido con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y para analizar las decisiones de Protección Civil respecto a las inversiones en planes de emergencia nuclear.

Los municipios acordaron reflexionar sobre sus estrategias ante "los retos que deben abordar". Por ello, el próximo 15 de abril celebrarán un congreso extraordinario en la capital española para definir los objetivos y acciones mediante los cuales lograr un "compromiso claro y profundo del Gobierno" con los Planes de Emergencia Nuclear y con el desarrollo económico alternativo a las plantas nucleares, que aseguren el futuro de estas zonas.

Respecto a la reunión mantenida con el secretario de Estado, "todos" los alcaldes valoraron negativamente el resultado de la cita, al considerar que "se ha certificado la voluntad del Estado de no cumplir con los compromisos tomados con la asociación AMAC en el año 2006".

Los alcaldes de las áreas nucleares consideran que los sucesivos Gobiernos de España han "menospreciado" a los municipios que soportan la energía nuclear en beneficio de todo el Estado y añaden que esto afecta "directamente" a la seguridad de los ciudadanos que conviven con este tipo de energía, porque la "falta de medios y compromisos en la inversión, provocan carencias claras tanto en la operativa real de los Planes de Emergencia Nuclear, como en la confianza de los ciudadanos hacia las instalaciones nucleares".

Además, en un comunicado AMAC subrayó ayer que la situación se agrava por la "falta de definición clara por parte de los gobiernos ante el futuro de la energía nuclear" y que esto ha provocado que España haya perdido dos centrales: José Cabrera, que está prácticamente desmantelada, y Santa María de Garoña, cuyo cierre está programado para el próximo mes de julio.

Finalmente, lamentaron que las zonas afectadas "no encuentran la complicidad del resto de España", ante la pérdida de actividad económica y puestos de trabajo en sus comarcas, encontrándose "absolutamente abandonadas y aisladas para abordar un futuro incierto y de clara recesión económica".

224 millones al año En el caso concreto de Garoña, el coste de la clausura de la central se ha estimado en 224 millones de euros anuales, a lo que habría que sumar la pérdida de 343 empleos directos y un millar de indirectos. Así figura en el informe de alegaciones al Plan Garoña que la Junta de Castilla y León remitió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, un texto en el que anunciaba que no formaría parte de la comisión de gestión de este plan para la generación de alternativas económicas y de empleo al margen de la central nuclear, ni aportaría fondos al mismo.

Sin embargo, la Junta reclamó beneficios fiscales para el área norte de Burgos, y planteó todo un listado de actuaciones que consideraba necesarias y que solicitó al Gobierno central. Entre ellas figuraban varias infraestructuras, sobre todo carreteras de titularidad autonómica y el rescate o la subvención del peaje de la AP-1. También pidió una inversión de 11 millones de euros para mejora de patrimonio dependiente del Gobierno regional, como un centro teatral y cultural en Medina de Pomar o la restauración de las iglesias de Encio o Santa Gadea del Cid. El Gobierno autonómico incluso planteó la restauración de un edificio en Valpuesta para poner en marcha un centro de la lengua castellana.

El Gobierno del PP ya advirtió de que con la crisis económica actual la ejecución del Plan Garoña de Zapatero era poco menos que imposible. En todo caso, los pueblos alaveses del entorno de la central no verían mucho dinero incluso aunque el proyecto de reactivación saliera adelante, pues en el mismo no se ha incluido a trece localidades del territorio y a la vizcaína de Orduña.